Fotografía: Alejandro Tapia
El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán presentó una queja formal ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro por la represión cometida el pasado 4 de junio contra habitantes de su comunidad, específicamente contra Estela Hernández Jiménez, detenida durante un operativo de la Policía Estatal (POES).
En la queja se señala que la intervención policial fue realizada sin órdenes de aprehensión, con detenciones arbitrarias y sin acceso a defensa legal o intérprete. Además de Estela Hernández, fueron detenidos cinco jóvenes ñhöñhö: Jesús Torres, Leonardo García, Martín Álvarez, José L. y Uriel D.
De acuerdo con el Concejo, los detenidos fueron llevados a las instalaciones del DIF municipal de Amealco, donde permanecieron incomunicados. Ahí, se documentaron irregularidades en los exámenes médicos, omisiones en la certificación de lesiones y comentarios de personal del DIF que sugerían la posibilidad de «sembrar droga» para fabricar delitos.
Estela Hernández, única mujer detenida, fue víctima de tocamientos y agresiones físicas que, según la denuncia, constituyen actos de violencia de género y tortura con intención de intimidar y castigar por su labor de defensa del territorio. Las agresiones físicas y psicológicas fueron registradas en videos y transmisiones en vivo.
El Concejo indicó que los hechos no son aislados y forman parte de una estrategia de criminalización hacia los pueblos originarios, asociando el actuar de las autoridades estatales con prácticas de discriminación, racismo y represión dirigidas a desarticular procesos organizativos comunitarios.
Se denunció también que, tras los hechos, autoridades estatales y municipales, así como medios de comunicación, difundieron versiones que intentan justificar el operativo mediante acusaciones sin pruebas y calificando a la comunidad como un “foco de riesgo social”.
Asimismo, el Concejo señaló al secretario del Ayuntamiento de Amealco, Alfredo Ríos, por realizar visitas domiciliarias con el objetivo de disuadir a las víctimas de presentar denuncias. La queja también incluye señalamientos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército (SEDENA) y al propio gobernador Mauricio Kuri González por permitir el uso excesivo de la fuerza.
Entre las demandas planteadas se encuentra que la Defensoría inicie una investigación formal, adopte medidas cautelares para la protección de Estela Hernández y los demás afectados, y emita recomendaciones a las instituciones responsables para la reparación integral del daño.
El Concejo solicitó justicia para Estela Hernández, sanción a los responsables, alto al acoso y a la criminalización, y seguimiento de la queja por parte de organizaciones y personas solidarias.
