
Fotografía: César Gómez
Organizaciones civiles, colectivos y redes de Querétaro manifestaron su rechazo al Consejo Consultivo del Agua como instancia para la vigilancia social del proyecto Sistema El Batán, debido a que consideran que no representa a la ciudadanía ni garantiza autonomía en la toma de decisiones.
En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones confirmaron su disposición para participar en la construcción de un mecanismo de vigilancia social, pero destacaron que antes de la audiencia pública del 1 de agosto de 2025 no se habían garantizado las condiciones para una participación ciudadana efectiva. Reconocieron la apertura mostrada por funcionarios estatales, pero advirtieron que la contraloría social no puede recaer en un órgano que, por su origen y composición, carece de legitimidad para representar a la sociedad.
Las organizaciones señalaron que el Consejo Consultivo del Agua fue creado a partir de una ley aprobada por el gobierno estatal, sin consulta ciudadana, y que sus integrantes son designados por el gobernador, lo que limita la pluralidad y el ejercicio crítico que requiere un espacio de participación democrática.
Además, indicaron que el Consejo ha respaldado públicamente la iniciativa Sistema El Batán, lo que pone en duda su imparcialidad. Señalaron un posible conflicto de interés, ya que personal de la Comisión Estatal de Aguas, incluyendo al Vocal Ejecutivo, forma parte del Consejo y participa en su funcionamiento.
Las agrupaciones también cuestionaron que el Consejo utilice espacios físicos y digitales, originalmente destinados a otros fines, para promover la iniciativa como única solución al estrés hídrico, situación que consideraron excluyente y parcial.
Por último, hicieron un llamado a que los mecanismos de participación social sean abiertos, representativos e independientes, con estructuras que permitan la toma colegiada de decisiones y contrapesos efectivos, para garantizar una deliberación democrática real en torno a los proyectos hídricos del estado.
El pronunciamiento está firmado por 27 organizaciones locales, entre ellas Awita Vida y Territorio, Café para La Paz, Centro de Derechos Humanos «Fray Jacobo Daciano» A.C., Ciclismo Urbano, Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro, y Política Colectiva, entre otras.
