Hay barrios que hablan aunque nadie les pida permiso; San Francisquito es uno de ellos. El pasado viernes, sus vecinos tomaron las calles con bicicletas, pancartas y danzas concheras. La consigna era sencilla: “San Pancho no se vende”. No había artistas contratados ni influencers de estreno; había gente que conoce sus calles, sus patios, sus esquinas y sabe que su barrio puede cambiar a costa de ellos.
Pero la autoridad tenía otra versión: el 80% de los que marcharon “no son habitantes de San Francisquito” y la gentrificación “no es un tema” en la ciudad. El mensaje oficial se sostiene con boletines y estadísticas, no con memoria. Para el gobierno, la legitimidad de un barrio se mide con recibos y padrones, como si las calles fueran formularios y los vecinos simples casillas de verificación.
Como para no dejar dudas, apareció la “tiktoker” que cuestionó la marcha. La sorpresa fue que no es tiktoker profesional, sino funcionaria municipal y militante panista. Hablaba por San Francisquito desde su oficina, mientras los vecinos marchaban en la calle, bailaban, gritaban y defendían lo que les pertenece. Aquí está la paradoja: quien cobra por representar al barrio intenta callar a quienes lo habitan.
Los urbanistas pueden hablar de gentrificación en La Cruz o Jurica, pero San Francisquito no ha entrado en sus registros. Lo que sí ha entrado en la historia es un barrio que lleva diez años resistiendo, defendiendo su derecho a caminar sus calles, a opinar, a recordar que no todo cambio urbano es progreso, y que nadie puede decidir por ellos desde un escritorio.
San Francisquito protestó, sus vecinos estaban ahí y la autoridad, por más boletines que emita, no puede borrar esa evidencia. Los voceros oficiales pueden seguir contando quién tiene derecho a existir según padrones o recibos; la calle sabe la verdad: San Francisquito no se vende, no se calla y no necesita que nadie lo legitime.
