Fotografía: Laura Santos
Han pasado más de tres años y medio desde que entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el país, y el Congreso de Querétaro continúa sin adecuar su legislación local, a pesar de que el plazo obligatorio para hacerlo era de seis meses. En ese periodo, en la entidad se han registrado más de mil muertes por siniestros viales.
El Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro advirtió que el rezago legislativo mantiene al estado fuera del cumplimiento de la norma federal, mientras que la cifra de fallecimientos acumulados desde mayo de 2022 refleja el impacto de la falta de medidas obligatorias para reducir riesgos en el espacio público.
De acuerdo con el organismo, entre mayo de 2022 y septiembre de 2025 se documentaron 1,126 muertes por hechos de tránsito en la entidad. El Observatorio explicó que la Ley General establece lineamientos que los estados deben incorporar, como infraestructura que limite velocidades, rediseño de calles para disminuir la posibilidad de siniestros graves y criterios de protección para peatones, ciclistas y usuarios del transporte.
El Observatorio señaló que, aunque existen iniciativas presentadas en el Congreso local, ninguna ha sido dictaminada. La Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito (añadieron) mantiene detenida la discusión, lo que impide que Querétaro adopte medidas que ya son obligatorias en el resto del país.
El organismo retomó ejemplos de ciudades que han logrado reducir muertes viales mediante políticas de control de velocidad, rediseño urbano y uso de tecnología para sancionar excesos. Subrayó que estos resultados dependen de decisiones gubernamentales que consideran inaceptable cualquier siniestro con víctimas, algo que, afirmaron, aún no ocurre en el estado.
El Observatorio llamó a la LXI Legislatura a colocar la armonización de la ley en la agenda inmediata y a iniciar el análisis de los proyectos pendientes, señalando que el retraso ya supera los 1,260 días y que la cifra de muertes ocurridas en ese lapso evidencia la urgencia de la actualización normativa.
