Fotografía: César Gómez
En San Francisquito se repite una frase: la ciudad es un espacio en disputa. En las paredes, en las asambleas, en las conversaciones, aparece la misma idea: “San Francisquito resiste”. La frase funciona como un límite frente a la expansión urbana, el cambio de uso de suelo y la entrada de capital privado que redefine el territorio. Del otro lado, proyectos inmobiliarios, planes de movilidad, nuevas figuras turísticas. En medio, un barrio que observa, discute y sale a la calle.
Los nombres del barrio
San Francisquito fue conocido como “el barrio de los brujos”, según el investigador José Gerardo Bohórquez Molina. Hasta la primera mitad del siglo XX fue un espacio donde convivían prácticas rituales, danza conchera y oficios ligados a la textilería. Desde hace por lo menos ocho años, el barrio enfrenta un proceso de presión inmobiliaria que coincide con lo que en otros lugares del mundo se nombra como gentrificación. La palabra tomó fuerza en debates públicos recientes, pero su origen se remonta a 1964, cuando Ruth Glass describió en Londres el desplazamiento social asociado a la transformación del suelo urbano.
En San Francisquito, la palabra llega después de que en 2015 se anunciara un desarrollo inmobiliario del otro lado de la avenida Constituyentes: Latitud Victoria, a cargo de ABILIA Inmobiliaria, del grupo encabezado por María Asunción Aramburuzabala. Lo anunció el entonces secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez. En 2016 inició la construcción. En 2017 comenzó operaciones. La inversión: 500 millones de dólares sobre 8.6 hectáreas, antes ocupadas por la embotelladora La Victoria, de Coca-Cola, propiedad de la familia Ruiz Rubio. En ese tiempo un departamento costaba entre 1.9 y 7.2 millones de pesos. En la actualidad, el precio inicial ronda los 2.8 millones.
Del lado del barrio, los habitantes siguieron el proceso desde las calles y desde las azoteas. Constituyentes funciona como una línea física entre dos territorios: uno nuevo, de alta densidad inmobiliaria; otro antiguo, de prácticas vecinales y tramas comunitarias que se sostienen desde hace generaciones.
El borde: 2016
La administración municipal de 2016, encabezada por Marcos Aguilar Vega, y la administración estatal de Francisco Domínguez Servién, coincidieron en un momento de reconfiguración urbana: el Consejo Consultivo Ciudadano de la Alameda Hidalgo se aprobó el 15 de junio. Cuatro días después, en la madrugada del 19, 358 comerciantes fueron desalojados del acceso norte de la Alameda. Ahí habían permanecido durante años, desde las administraciones de Francisco Garrido Patrón.
La justificación pública apeló a la presencia de venta sexual, delincuencia y consumo de sustancias en la zona. Las imágenes del retiro circularon en medios locales. Los comerciantes mostraron licencias, pagos de impuestos y una orden de reinstalación emitida por una juez federal. Según Pablo González Loyola, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, ese mandato no fue atendido por el alcalde. A la fecha, las actividades ilícitas señaladas entonces —venta sexual, trata de personas, microtráfico— continúan en el perímetro, documentadas por organizaciones como el colectivo Mujer Libertad.
El retiro de comerciantes funcionó como parte de una estrategia de renovación de imagen en un punto incluido en la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de UNESCO desde 1996. La zona comenzó un proceso de transformación. El mismo año se anunció Barrio Santiago, un complejo residencial junto a Los Arcos. La obra permanece inconclusa. Vecinos de Carretas mantienen su oposición y señalan el impacto que tendría en el incremento de la plusvalía.
Los proyectos
En 2017, el municipio declaró a las Danzas Concheras como “Patrimonio Cultural Inmaterial”. En 2018, bajo la administración de Luis Nava, se impulsó la categoría de Barrio Mágico, con intervenciones en Santa María Magdalena, Santa Rosa Jáuregui, Carrillo Puerto, El Tepetate y Hércules, aunque ninguno recibió el nombramiento. La excepción surgió años después en otro municipio: San Francisco Anbanica, en Corregidora.
Ese mismo año, los habitantes de San Francisquito observaron otro cambio en su entorno: la presencia de BEMA, un centro cultural dedicado a arte, arquitectura y urbanismo. Aunque se estableció en 2016, su actividad pública se visibilizó hasta 2019. Para 2020 dejó de operar de manera abierta, tras cuestionamientos vecinales sobre su función dentro de un barrio en resistencia.
Los antecedentes se remontan a 2013, cuando el Tecnológico de Monterrey, con aval del ayuntamiento, desarrolló el proyecto San Francisquito somos todos, con la intención de diseñar una ruta turística. Vecinos interpretaron esa iniciativa como una amenaza sobre el tejido social y territorial. BEMA fue, en parte, continuidad de ese proceso.
Las calles
En 2019, el gobierno estatal presentó el plan para un eje estructurante en avenida Zaragoza, parte del sistema Qrobús. El proyecto incluía un carril confinado que, según habitantes y grupos de concheros, afectaría las dinámicas rituales del barrio. Se organizaron marchas y bloqueos. La obra no se concretó del lado de Zaragoza, pero sí en Constituyentes.
En 2020, la pandemia interrumpió reuniones y actividades. En septiembre de ese mismo año se formalizó la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, con la idea de obtener reconocimiento como barrio indígena. Las asambleas se multiplicaron. En 2023, el ayuntamiento aprobó por unanimidad ese reconocimiento, basado en el Artículo 3 fracción XII de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. INAH e INPI respaldaron el proceso.
En julio de 2024, el Congreso local rechazó el nombramiento. La diputada Liz Selene Salazar Pérez argumentó que el barrio no cumplía los requisitos ni existía una iniciativa formal. La Confederación respondió con un expediente de más de 3,000 firmas, entre ellas más de 800 de habitantes que se identifican como indígenas, y con la mención de al menos diez mesas de danza conchera involucradas en el movimiento.
Quiénes habitan el barrio
Según el Censo de 2020, San Francisquito tiene 6,340 habitantes: 3,289 mujeres y 3,042 hombres. El 19% tiene entre 0 y 14 años; el 70%, entre 15 y 65; el 12%, más de 65. El barrio mezcla habitantes originarios —descendientes otomíes y chichimecas— con población mestiza y grupos migrantes. Un 4.2% habla lengua indígena. Muchos provienen de Amealco, pero también llegan del Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas. La cercanía con el centro y la existencia de vecindades permiten rentas de bajo costo. Las artesanías y el comercio ambulante son actividades comunes.
La historia del barrio registra otras transformaciones: la textilera San José de la Montaña, luego Farmer y más tarde Lanas Merino, instalada hacia 1898. Ahí trabajaron generaciones del barrio. En 2006, obreros del Sindicato Paz y Trabajo iniciaron una huelga que se resolvió hasta 2021.
En 1909 se construyó el Tanque en el cerro del Sangremal, tras la expropiación de terrenos del barrio. En 1916 la apertura de la calzada Zaragoza dividió el territorio y desplazó a familias sin indemnización. El trazo actual del barrio deriva de ese momento.
La ciudad como mercancía
El crecimiento urbano de Querétaro ha estado marcado por la adopción de políticas internacionales orientadas a la competitividad económica. Entre ellas, el Plan Estratégico de Movilidad 2026, el Q500 y la declaratoria de la ciudad como ciudad creativa del diseño por UNESCO en 2019. Su objetivo común: modernizar infraestructura, ordenar el uso de suelo, impulsar el turismo.
En paralelo, el centro histórico recibe inversión pública constante. Entre 2013 y 2018 se realizaron 43 obras en el centro y solo una en San Francisquito. El contraste aparece en las calles: banquetas deterioradas, servicios irregulares, viviendas en espera de mantenimiento.
El deterioro no opera como negación del proceso de gentrificación: actúa como parte de él. La precarización de servicios, el incremento en la violencia y la presencia del grupo criminal que opera en el barrio generan presión de desplazamiento. Existen casos de apropiación de inmuebles abandonados o de propietarios en situación vulnerable. No hay registro de intervenciones efectivas del gobierno local para recuperar esos espacios.
Con el avance de proyectos en zonas adyacentes, la brecha de renta se amplía: el valor potencial del suelo supera el valor actual de las viviendas. El Plan Parcial del Centro Histórico y el Plan de Manejo contemplan la redensificación urbana como estrategia. El nuevo uso de suelo proyectado no coincide con el uso actual del barrio.
Los servicios básicos muestran impactos: encuestas aplicadas a 300 habitantes indican cortes constantes de agua, suministro restringido en horarios específicos y aumentos regulares en tarifas.
Lo que está en juego
San Francisquito conserva elementos que sostienen su atractivo para desarrollos futuros: ubicación, prácticas rituales, infraestructura comunitaria, historia obrera, presencia de concheros, vida vecinal. Lo que para desarrolladores es potencial de renovación, para los habitantes es memoria.
El barrio ha construido un repertorio de resistencia: marchas, bloqueos, asambleas, documentos legales, investigación histórica, diálogo con instituciones federales. La disputa no es solo por el territorio, sino por un modo de vida sostenido durante generaciones.
La frase “San Francisquito resiste” aparece en lonas, pintas y comunicados. Funciona como declaración, advertencia y registro. En un entorno donde la ciudad se transforma según criterios económicos y turísticos, el barrio insiste en permanecer.
