Fotografía: Laura Santos
La Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ) calificó como “meramente política” la iniciativa aprobada en comisión para imponer entre 6 y 12 años de prisión a conductores en estado de ebriedad que provoquen una muerte en hechos de tránsito.
El vocero de la organización, Andrei Montero, sostuvo que la propuesta no atiende la falta de homologación de la Ley General de Seguridad Vial y que prioriza un mensaje punitivo por encima de una estrategia integral para reducir siniestros.
«Nuestra opinión como UCIQ es que es meramente política esta acción de tipificar, como solamente llevar a prisión a personas borrachas cuando no se amplía todo lo que en la ley ya está establecido, como la Ley General de Seguridad Vial a nivel nacional, pero en Querétaro sigue estando detenida por los diputados».
Las iniciativas aprobadas en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local incluyen modificaciones al Código Penal, a la Ley de Tránsito y a la Ley de Salud del estado, con el objetivo de tipificar el homicidio y las lesiones viales, endurecer sanciones y vincular el consumo de alcohol con responsabilidades penales más severas.
Montero sostuvo que centrarse en enviar a prisión a personas que manejan en estado de ebriedad no equivale a construir políticas integrales y señaló que el Congreso mantiene detenido el proceso para homologar la legislación estatal con la Ley General de Seguridad Vial. “Creemos que es solo un acto político para darse a conocer… como decir: ‘vamos a meter a la cárcel a todo aquel borracho que mate a una persona’, pero no ven más allá”, comentó.
Los datos oficiales muestran que el consumo de alcohol es solo un componente dentro de un problema más amplio. En 2024 se registraron 371 muertes viales y 1,195 personas lesionadas en el estado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del doble del total de fallecimientos reportados por el INEGI para el mismo periodo, lo que evidencia un subregistro persistente.
Casi el 18% de las víctimas mortales eran peatones o ciclistas, y cerca del 30% de los fallecimientos estuvo vinculado al uso de motocicletas. En cuanto al alcohol, solo en 4.4% de los siniestros se confirmó su presencia, mientras que en el 35% no existe claridad, lo que dificulta identificar su peso real en la siniestralidad.
Para la UCIQ, homologar la legislación estatal, mejorar la infraestructura vial, fortalecer los registros y priorizar la prevención debe ser el punto de partida. La organización insistió en que endurecer penas, sin atender estos pendientes, resulta insuficiente.
