En Querétaro, el «orden» volvió a significar lo de siempre: prepotencia y golpes contra quienes no tienen otro patrimonio que sus manos. Inspectores del municipio se enfrentaron a artesanas y artesanos indígenas que, en el Centro Histórico, defendieron el único espacio donde su trabajo tiene sentido: la calle, ese escenario donde la desigualdad deja de ser estadística y se vuelve mercancía sobre manta.
Hubo empujones, golpes, jaloneos. Las y los artesanos también respondieron. Pero no se trata de inventar buenos y malos ni de absolver por simpatía. El punto es otro: la autoridad sí tiene la obligación (jurídica, ética y política) de evitar que un operativo termine a golpes. Cuando el Estado pierde control y recurre a la fuerza sin método, el problema ya no es el conflicto, sino la incapacidad institucional para gestionarlo.
La administración de Felipe Fernando Macías activó el llamado “Plan Orden”, pensado para retirar vendedores de las calles del Centro Histórico. Pero el diseño parte de una idea limitada de ciudad: creer que basta con despejar banquetas para que el espacio público funcione. En ese modelo, el ambulantaje aparece como anomalía, no como síntoma de desigualdad persistente.
Las autoridades insisten en que la ley se cumple o se fractura, y que el retiro del ambulantaje responde a reglamentos que, tal vez sin proponérselo, suelen castigar a quienes menos herramientas tienen para confrontarlo. El comercio establecido también reclama, y no sin razones: pagan impuestos, rentan locales, sobreviven al incremento de costos. Pero en la realidad cotidiana, artesanas y artesanos trabajan bajo una lógica de subsistencia que el reglamento no alcanza a comprender. No compiten: sobreviven.
El municipio presume haber ofrecido un espacio alterno para su reubicación. Pero en ese sitio, alejado de la circulación real de las calles céntricas, no compran, no hay flujo, no hay consumidores. A esto se suman las narrativas políticas que, en nombre del orden, buscan fabricar culpables de diseño. El gobierno municipal habla de «manos detrás», que aprovechan la situación. Ese argumento de manual permite dos cosas: deslegitimar el reclamo de las artesanas e instalar la idea de que la demanda por sobrevivir es una conspiración. Lo han hecho antes con ciclistas, ambientalistas, vecinos de colonias que reclaman servicios para sí. Cuando el conflicto incomoda, se convierte en complot.
Y sí: tampoco idealizo a nadie. Entre los artesanos hay liderazgos, tensiones internas y formas de organización que generan sus propios choques. Pero no se puede poner en la misma balanza a quienes participan desde la sobrevivencia y a quienes operan desde el aparato institucional. No es una cuestión moral; es una cuestión de atribuciones y responsabilidades.
En la conversación pública, esa que se da en redes sociales o sobremesas, se repite el mantra contemporáneo de la «ciudad ordena»: «que se vayan, que paguen impuestos, que no son de aquí». Sobre esto último, habría que recordar una obviedad: en Querétaro casi nadie es de Querétaro. La migración interna sostiene la economía, llena parques industriales, universidades, restaurantes y plazas comerciales. Pero a las artesanas indígenas se les exige una pureza identitaria que ni la ciudad misma posee.
Como sociólogo y periodista, entiendo el dilema urbano: las ciudades requieren normativas, requieren gestión del espacio, requieren convivencia. No se trata de permitirlo todo ni decretar el caos mercantil. Pero tampoco de ejercer poder desde la comodidad de los reglamentos sin revisar su impacto humano. La pregunta central, esa que las autoridades no se hacen, es: ¿cuál es la alternativa real para quienes dependen de la calle para vivir?
Y al final, como siempre, queda la escena: hombres y mujeres indígenas arrinconadas, sus productos tirados en el suelo, los inspectores alegando cumplimiento de la ley. La ciudad avanza, dicen. Pero avanza sobre ellas.
