Fotografía: César Gómez
Diversos colectivos y asociaciones hicieron público un posicionamiento en el que denunciaron actos de hostigamiento gubernamental hacia la persona administradora de la cuenta @un_altavoz, espacio digital dedicado desde hace más de un año a la difusión de información pública y a la documentación de problemáticas sociales en Querétaro.
El comunicado señala que la cuenta mantiene actividad en temas relacionados con movilidad, derecho a la ciudad, vivienda, defensa del agua y el territorio, así como registro de procesos de represión en comunidades originarias. De acuerdo con las organizaciones firmantes, este trabajo ha derivado en episodios de intimidación y difusión de información personal.
El primer caso identificado corresponde a la manifestación del 27 de octubre de 2024, convocada en rechazo a la represión hacia artesanas y comerciantes. En ese contexto, desde un perfil falso se difundieron imágenes y noticias falsas en las que se utilizó la imagen personal de la administradora de la cuenta sin consentimiento. El comunicado refiere que, tras dicha publicación, se iniciaron llamadas dirigidas a familiares con mensajes orientados a inhibir su participación en actividades de comunicación social.
El segundo episodio ocurrió tras la llamada “marcha de la generación Z”, realizada el 15 de noviembre de 2025. Después de cuestionamientos públicos sobre el carácter apartidista de la convocatoria, nuevamente se difundieron imágenes tomadas durante una manifestación el 8 de noviembre y señaladas por los colectivos como fotografías obtenidas por personal del Gobierno Municipal de Querétaro. En esas publicaciones se vinculó a la administradora de la cuenta con grupos ajenos a las movilizaciones, lo que, según el documento, expuso información personal y afectó también a familiares.
El tercer hecho reportado consiste en nuevas llamadas telefónicas provenientes de personas vinculadas al municipio de Querétaro, las cuales fueron descritas como intentos recientes de intimidación.
Las organizaciones consideraron que la suma de estos actos representa una amenaza al ejercicio de la libertad de expresión, al trabajo de prensa comunitaria y al derecho a recibir información diversa. Señalaron que la difusión de datos personales y las prácticas de vigilancia pueden constituir violaciones a derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales, entre ellos la privacidad, la integridad personal y la libertad para participar en asuntos públicos.
En su posicionamiento, los colectivos reiteraron que las luchas que acompañan no tienen liderazgos individuales y funcionan mediante redes comunitarias. Indicaron que los hechos denunciados no buscan afectar únicamente a una persona, sino limitar el ejercicio de la comunicación social y el acompañamiento de causas ciudadanas.
Las organizaciones demandaron a las autoridades municipales el respeto a los derechos digitales, a la libertad de prensa y a la seguridad de quienes participan en espacios de documentación y denuncia pública. Asimismo, hicieron responsable a la administración pública de cualquier futura represalia contra la cuenta Un Altavoz, activistas o familiares de la persona administradora.
El comunicado concluye con un llamado a cesar prácticas de intimidación, vigilancia dirigida o criminalización de la protesta, tanto en espacios físicos como digitales, al afirmar que la defensa de derechos constituye una actividad legítima en un entorno democrático.
