Habitantes de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, acusaron la detención arbitraria de Daniel de Jesús Balderas Gudiño, ocurrida el viernes 19 de diciembre de 2025 en Querétaro, así como la falta de información oficial sobre su paradero durante varias horas, lo que calificaron como una desaparición forzada temporal.
De acuerdo con un boletín difundido por familiares y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Daniel de Jesús fue detenido alrededor de las 9:40 de la mañana sin que se le mostrara una orden de aprehensión. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía No. 3, luego de haber sido citado previamente por vía telefónica a su número personal.
La familia informó que, tras la detención, acudió a distintas oficinas de la fiscalía para conocer su situación jurídica; sin embargo, durante al menos una hora, las autoridades negaron que existiera un registro oficial de su detención. Incluso, señalaron que a un abogado particular que intentó intervenir también se le negó información sobre el paradero del detenido.
Según el comunicado, Daniel de Jesús fue informado de que sería trasladado al penal de San José El Alto y que se le realizaría una audiencia ese mismo día, sin que se le permitiera contar con un abogado de su elección. La familia sostiene que se le indicó que no requería defensa particular y que se le asignaría un defensor de oficio.
El caso está relacionado con una acusación por presuntos daños dolosos presentada por un particular identificado como Luis Alberto González Vega, así como con el expediente 35628/2024, tramitado en el Juzgado Segundo Menor de Querétaro, en el que intervino la actuaría Silvia Adriana Bucio Avendaño.
El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán señaló que este caso se enmarca en un contexto de presuntas irregularidades en procedimientos financieros y judiciales que, aseguran, afectan de manera sistemática a integrantes de comunidades indígenas. Asimismo, denunciaron desigualdad en el acceso a la información jurídica, falta de garantías al debido proceso y posibles conflictos de interés entre autoridades y empresas financieras.
Entre las exigencias planteadas se encuentra la liberación inmediata e incondicional de Daniel de Jesús Balderas Gudiño, la entrega de copias certificadas del expediente judicial, así como una explicación por escrito del procedimiento seguido en el caso. También solicitaron que la información institucional sea proporcionada de manera clara y accesible, considerando las condiciones lingüísticas y culturales de la comunidad.
Finalmente, los firmantes advirtieron que, de no obtener respuesta de las autoridades estatales, podrían iniciar movilizaciones de protesta en Querétaro y en la Ciudad de México para visibilizar el caso y denunciar presuntas violaciones a derechos humanos.
