Organizaciones indígenas, familiares y colectivos exigieron la liberación inmediata de Daniel Jesús Gudiño Balderas, quien fue detenido el 19 de diciembre de 2025 en la ciudad de Querétaro, al señalar que su arresto y posterior encarcelamiento derivaron de un proceso con presuntas violaciones a derechos humanos y uso indebido de la prisión preventiva.
De acuerdo con un pronunciamiento público difundido el 26 de diciembre de 2026, la detención ocurrió alrededor de las 9:40 horas y fue calificada por los firmantes como arbitraria. En el documento se responsabiliza a dos jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en San José El Alto, así como al director del Centro Penitenciario Varonil del mismo complejo, por la imposición y ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva no oficiosa.
El caso deriva de una denuncia interpuesta por un particular, identificado como Alberto González Vega, por el presunto delito de daños dolosos, específicamente un rayón en un vehículo. Los firmantes señalaron que el proceso judicial omitió el contexto del conflicto entre las partes y acusaron que la medida aplicada fue desproporcionada en relación con el señalamiento.
En el pronunciamiento se recordó que el 13 de julio de 2023, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con sede en la Ciudad de México, declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva como medida cautelar, al considerar que cualquier restricción de la libertad previa a una sentencia vulnera el derecho a la presunción de inocencia y la libertad personal, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las organizaciones y familiares sostuvieron que, pese a estos criterios, en Querétaro se continúa aplicando la prisión preventiva no oficiosa, lo que, afirmaron, afecta principalmente a personas de escasos recursos y sin acceso a asesoría jurídica especializada. En ese sentido, denunciaron un trato diferenciado en la impartición de justicia.
Asimismo, señalaron irregularidades durante el proceso, entre ellas la falta de reconocimiento del abogado particular de Daniel Jesús Gudiño Balderas por parte de la fiscalía, lo que derivó en la asignación de una defensora de oficio. Según el documento, dicha defensora no habría ejercido una defensa efectiva y sugirió a los familiares que el conflicto podría resolverse mediante un pago para obtener la liberación.
El pronunciamiento también acusa actos de discriminación y decisiones judiciales que, a decir de los firmantes, implican limitaciones y violaciones a derechos humanos, particularmente en la imposición de la vinculación a proceso y la ejecución de la prisión preventiva.
Entre las exigencias planteadas se encuentra la liberación inmediata y definitiva de Daniel Jesús Gudiño Balderas, el cese de prácticas de complicidad entre autoridades y particulares, así como garantías de acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad. También demandaron el fin de prácticas discriminatorias en los procesos judiciales del estado.
El documento fue firmado por la familia de Daniel Jesús Gudiño Balderas, el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán y un comité de acompañamiento, quienes hicieron un llamado a organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la sociedad para dar seguimiento al caso.
