Fotografía: Nadia Bernal
La primera vez que Penélope y Claudia [1] rompieron el silencio públicamente fue el 27 de enero del año pasado. Ese día junto con su abogada acudieron al edificio central de la Universidad Autónoma de Querétaro a presentarle a la rectora, Teresa de Jesús García Gasca, un oficio que describía las violencias que habían vivido por parte de un docente y administrativo de esa casa de estudios: abuso psicológico, docente y sexual. El oficio también fue remitido a la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVIG) y fue cotejado por la titular de esa dependencia, la licenciada Monserrat Trejo Calderón.
Ya se cumplió un año desde entonces y hasta la fecha ni Penélope ni Claudia han visto avances de sus quejas.
El inicio de un proceso revictimizante
Claudia es estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro; Penélope es egresada de la misma institución. Claudia y Penélope no se conocían hasta que se dieron cuenta que ambas recibían violencia por el mismo agresor: un docente y administrativo de la universidad, una persona en una posición de poder y, además, militante de un partido político.
Cuando decidieron iniciar el camino correspondiente dentro de la universidad, el proceso se volvió revictimizante y se enfrentaron con una pared más alta: la violencia institucional. Desde la primera cita que se les otorgó en la Unidad, no contaron con acompañamiento psicológico, aunque en el protocolo establece lo contrario. Tampoco se les asignó ningún lugar para que les tomaran su declaración y fueron cambiadas de lugar en dos ocasiones, una de estas frente a las oficinas de su agresor. Aunado a ello tuvieron obstáculos para conocer avances de su cuaderno de investigación y se les fueron negadas a ellas y a su representante legal copias de su carpeta.
Cuando ambas pidieron acompañamiento legal por parte de la institución para proceder a una denuncia ante la Fiscalía por abuso sexual, este se les fue negado bajo el argumento de que la universidad «no representa alumnos». Sin embargo, en ese momento el protocolo establecía que, en caso de que la persona en situación de víctima solicite orientación y asesoría jurídica, legal y psicológica, esta no se les será negada.
Los casos de Claudia y Penélope siguen sin ningún avance desde agosto del año pasado, los testigos no han sido llamados a declarar y, a pesar de que la Unidad les aseguró que se había girado la orden de suspender al docente denunciado mientras se desahogaba el caso —esto como Medida de Protección, también especificado en el Protocolo 2018—, nunca se formalizó un oficio en donde se cumpliera esto. La Unidad aclaró que sólo había sido una instrucción de facto —de palabra— emitida por la rectora.
Durante el proceso, Claudia tuvo que dejar los espacios universitarios que habitaba por el miedo a encontrarse a su agresor y dio de baja su carrera por un año. La universidad no solo era un lugar inseguro, sino un espacio que las fue discriminando para acceder a una educación libre de violencia.
«En mis proyectos estaba el continuar mis estudios de Maestría, pero ante la falta de acciones y lo insegura que me hace sentir el llegar a encontrármelo, opté por no continuar», agrega Penélope.
Las fallas a las que se han enfrentado Claudia y Penélope no son aisladas. Distintas colectivas de mujeres universitarias [2] han denunciado que existe un entramado institucional que impide que las mujeres dentro de la universidad accedan a la justicia.
Durante julio de 2020, la Colectiva de Mujeres de la No FCPyS inició la campaña #MiProcesoUAQ, en donde documentaban los casos que iniciaron un procedimiento ante alguna instancia universitaria, ya sea en las facultades, ante el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ e incluso ante la propia UAVIG: casos que seguían inconclusos o en donde las denunciantes habían recibido revictimización o algún otro tipo de violencia en el debido procedimiento.
La violencia institucional en la UAQ sí existe
Jazmín es estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hace cuatro años decidió estudiar en la Facultad de Informática, pero en julio de 2017 su vida cambió. Cinco de sus compañeros la intentaron aventar del segundo piso de un edificio de su facultad; uno de sus agresores ahora es docente de la universidad.
—«¿Qué cosas te gustaban hacer en la universidad antes de las agresiones?»
—«No puedo decirte un antes y un después de lo que me gustaba hacer en la universidad y de mis sueños, porque a mí me lo hicieron en segundo semestre y no tuve el tiempo de disfrutar mi universidad; me divertía mucho jugar fútbol, pero esta parte que yo amaba y disfrutaba que era patear el balón y correr, eso también me lo arrebataron», contesta Jazmín.
A partir de esa primera agresión que recibió Jazmín vinieron más, esta vez no solo por sus compañeros, sino también por una de sus maestras —quién ahora es coordinadora de la carrera— y el director de la facultad, figuras a las cuales acudió un día después de las agresiones para pedirles ayuda
—«¿Cómo te sientes ahora?»
—«No me siento segura al salir de mi casa o al ir a la tienda. (…) Tú entras —a la universidad— ilusionada y con sueños; con una emoción que no sabría expresar en palabras. Pero una vez que sufres una agresión, te rompen, te truenan de una forma interna que se convierte en algo irreversible».
¿Protocolos ineficientes?
Cuando Jazmín sufrió la agresión, la UAQ era una de las universidades que no contaba con ningún protocolo en materia de violencia de género. Hasta 2017, a nivel nacional, solo seis universidades contaban con protocolos para atender el acoso y la violencia sexual, tal como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue hasta agosto de 2018 cuando en la administración de la actual rectora, Teresa de Jesús García Gasca, se implementó el Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Género y se aperturó la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVIG).
Desde entonces, las estudiantes han hecho hincapié en que el protocolo tiene fallas institucionales que las dejan desprotegidas cuando deciden hacer una queja formal ante UAVIG. Además que, desde su implementación, la Unidad ha caído en omisiones, ya sea por no contar con el personal suficiente —pues hasta julio del año pasado solo contaban con dos personas para atender todas las quejas—, por no contar con un espacio propio para recibir a las chicas que iban a levantar una queja o por no ser una instancia autónoma.
Actualmente no se sabe si la Unidad cuenta con el recurso suficiente para operar, pues al preguntar mediante una solicitud de información cuál es el monto del recurso que se le asigna a la Unidad, la respuesta fue que «la unidad de Atención a la Violencia de Género no cuenta con un presupuesto propio» y aunque esta información depende de la Oficina del Abogado General —instancia a la que se adscribe la Unidad—, esta información debería ser pública y de fácil acceso para la comunidad universitaria.
Ante estos señalamientos, la Unidad ha declarado que el protocolo es un instrumento «perfectible» y que las estudiantes tienen un problema en entenderlo por su complejidad [3]. En julio de 2020 se hizo la actualización del nuevo protocolo que promete una mejora en sus procesos y en noviembre, la titular de UAVIG, dijo que la Unidad tarda un promedio de treinta días para concluir los procesos de investigación de denuncias recibidas.
En agosto de 2019, Jazmín decidió denunciar lo que había vivido y acudió a UAVIG a interponer su queja formal: «La razón por la cual tomé la decisión de levantar la queja por violencia de género en la Universidad derivó por los constantes abusos por parte de las autoridades de la Facultad de Informática, quienes en todo momento me violentaron mis derechos y obstaculizaron no solo la posibilidad de poder realizar acción formal en contra de mis agresores, sino también por buscar formas de evitar que hasta este momento logre culminar mis estudios».
Durante su proceso de queja, Jazmín se enfrentó a distintas omisiones y obstáculos por parte de la UAVIG: no poder revisar su cuaderno de investigación ni conocer los avances de su queja, tampoco permitir que su representante legal estuviera presente en las entrevistas que le realizaron.
Actualmente Jazmín y su abogada están buscando la forma de que su carpeta vuelva a investigarse, ya que la Universidad cerró su caso determinando que los agresores ya habían sido sancionados bajo un «regaño». El 27 de agosto de 2020 se presentó un Recurso de Inconformidad por las irregularidades en su proceso y las violaciones a sus derechos universitarios. A la par, emitieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por el delito de Homicidio en grado de tentativa que fue cotejado bajo la carpeta de investigación CI/QRO/8553/2020.
Desde agosto el Recurso de Inconformidad no ha sido contestado por ninguna instancia universitaria y las dependencias universitarias que han sido omisas, no han recibido ninguna sanción al respecto.
La impunidad en la universidad es más compleja
Las estudiantes lo han dicho muchas veces: la violencia de género que atraviesa a las universidades es histórica y estructural, por lo que aunque el trabajo de la UAVIG en el tema de género fuese excepcional y el Protocolo una herramienta en su totalidad funcional, existen factores que impiden que las mujeres que denuncien accedan a la justicia y que la violencia en la universidad se erradique por completo.
Desde 2018 al 21 septiembre de 2020, la UAVIG había recibido cien quejas, de las cuales quince no fueron admitidas a proceso. De las ochenta y cinco quejas que iniciaron procedimiento mediante el Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Género, solo el 38% concluyeron el proceso mediante una resolución sancionadora. Sin embargo, esto no significa que esas sanciones se hayan cumplido, ya que la Unidad no es una instancia vinculante y los casos que desahoga la Unidad son canalizados a distintas áreas en donde también se les impiden el acceso a la justicia.
En 2018, Bernardo Romero, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ, declaró que a la víctima que denuncia dentro de la UAQ no se le garantiza nada [4], pues el primer problema es que la universidad es una instancia con mecanismos muy complicados, en donde los procesos pasan por muchos filtros: «Cuando llegamos a comprobar que sí hay tal —acoso—, es el consejo de Honor y Justicia del Consejo Universitario el que toma el caso, y pasa primero por la Comisión Instructora, que tiene la comisión de llamar a las partes, investigar y en su caso sancionar. Un profesor por honorarios es más fácil despedirlo, simplemente no se le recontrata. Pero en los casos de profesores de tiempo completo entra el sindicato, y el sindicato tiene que defenderlos, por supuesto, es parte del juego de la democracia», dijo en esa ocasión. Un ejemplo de esto fue cuando el 20 de diciembre se comunicó ante medios de comunicación la expulsión de un alumno por tentativa de violación contra tres estudiantes. Los tres casos estuvieron congelados dos años en la Comisión de Honor y Justicia.
Actualmente, del 38% de los procesos concluidos en UAVIG de 2018 a septiembre 2020, solo en el 2.6% de los casos se determinó un cese laboral, el 3.4% se turnó a la Comisión Instructora para que ahí se llevara otro procedimiento y al 3.8% se canalizó al área laboral para que ahí se emitieran las sanciones correspondientes, según datos de la propia Unidad que se solicitaron a través de solicitudes de acceso a la información [5]. El que se canalice a estas áreas no garantiza que se les dará el debido procedimiento, o que serán tratados con perspectiva de género.
Hasta el momento, la Unidad ha emitido treinta y siete recomendaciones a las facultades de Bellas Artes, Ciencias Naturales, Contaduría y Administración, Derecho, Enfermería, Filosofía, Informática, Ingeniería, Medicina, Escuela de Bachilleres, Mercadito Universitario, Seguridad Universitaria, Dirección General de Bibliotecas y Clínica Santa Bárbara. Solo a dos recomendaciones se les ha dado seguimiento, las demás no se saben si se han cumplido o no y tampoco existe algún mecanismo dentro de la UAQ que obligue a las facultades a llevar a cabo las recomendaciones emitidas en materia de violencia de género.
La deuda hacia las mujeres que integran la comunidad universitaria es grande todavía; es urgente que a las mujeres que denuncian se les garantice un acompañamiento integral, horizontal y restaurativo. Aceptar las fallas institucionales es un paso importante para dejar la simulación y entender en dónde hace falta instaurar mecanismos que partan desde lo colectivo.
Reconocer las violencias que viven las mujeres y nombrarlas es un proceso bastante complicado y dar el paso a la denuncia formal lo vuelve aún más doloroso, porque te enfrentas a un sistema de justicia robusto, lento y sexista.
Las mujeres se enfrentan a obstáculos estructurales y a una impunidad que nos dice que entre 2015 y 2018 solo el 7% de los delitos contra mujeres fueron investigados y, posteriormente, entre 5% y 7% de los casos fueron llevados ante un juez, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Además, hay agresiones que son silenciadas porque no son percibidas por el sistema de justicia penal, según lo reporta Equis Justicia.
Ante esta impunidad, las universidades no se quedan atrás. Los procesos a los que se enfrentan las alumnas, docentes y administrativas para denunciar las violencias de género no son nada fácil. En el informe «Discriminación y violencias en las universidades. Datos, leyes y buenas prácticas» de Intersecta, se explica que es «común que ni las universidades, ni las autoridades gubernamentales ofrezcan a las víctimas la justicia que merecen. Más aún: los pocos estudios que existen en la materia sugieren que el problema no es solo que las autoridades escolares y estatales fallan en responder adecuadamente a los casos individuales, sino que además carecen de políticas institucionales claras y eficaces para prevenir el fenómeno».
[1] Por seguridad y a petición de las fuentes, se les cambió sus nombres reales.
[2] Hay colectivas universitarias que han trabajado de forma autónoma en la Universidad y han denunciado la violencia que existe en ella: CAFD UAQ, Mujeres de la No FCPyS UAQ, Frente Femenil Universitario SJR y Mujeres FMUAQ. En 2018 se inició el movimiento #YoTambiénUAQ, aquí puedes leer más sobre ello https://cutt.ly/nj0Qc11
[3] En una entrevista publicada aquí https://cutt.ly/Ej0WnY2
[4] Aquí puedes leer las declaraciones completas https://cutt.ly/nj0Qc11
[5] En una segunda solicitud de acceso que fue contestada por UAVIG, los datos presentados sobre el número de procedimientos concluidos fueron distintos. Se presentó que hasta octubre de 2020, se tenían concluidas 98 quejas, pero no se especifican bajo qué procedimientos se concluyeron. Las solicitudes de acceso a la información referidas en este texto pueden ser consultadas aquí https://cutt.ly/Mj0Iasp
