En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la diputada Beatriz Marmolejo Rojas hizo una invitación pública a defensores de derechos humanos y periodistas para trabajar en un proyecto legislativo, a fin de crear un Mecanismo Estatal de Protección para ambos grupos.
La funcionaria propuso que el 12 de mayo del año en curso, a partir de las cinco de la tarde, se realice dicha reunión en las instalaciones de la Legislatura, a llevarse a cabo en el salón Ezequiel Montes, donde, dijo, escuchará las inquietudes y propuestas para este Mecanismo.
Asimismo, explicó que, en esta primera propuesta de reunión, pretende acordar un plan de trabajo para desarrollar cada una de las etapas para la construcción del proyecto legislativo, además de reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos humanos de estos ejercicios.
“Las y los periodistas contribuyen de manera determinante a la formación de la opinión pública. Facilitan el acceso a la información, explican circunstancias complejas y las ubican en contexto; para que sean capaces de todo esto, requieren de condiciones y marcos legales que los protejan”, mencionó.
Esto se da en un contexto de violencia en el país, donde han sido asesinados ocho periodistas en lo que va del año, siendo México el segundo sitio con mayor concurrencia en este delito a nivel internacional, luego de Ucrania, donde al menos 12 periodistas han sido asesinados durante el conflicto bélico.
En ese sentido, periodistas y activistas buscarán crear mecanismos jurídicos a fin de buscar protección para este ejercicio, que por sus condiciones y agravios se considera de alto riesgo, por lo que tomarán la decisión de si se reúnen o no en la fecha postulada para conocer y aportar a la propuesta legislativa.
Cabe señalar que el Mecanismo existente a nivel federal tiene como objetivo garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en una situación de riesgo derivada de su labor, la cual no solo está destinada a personas, sino también a organizaciones y colectivos.
Sin embargo, son muchas las cuestiones que se suscitan, pues si bien este formato jurídico es un avance al respecto, la impunidad y su limitada capacidad para responder a todas las necesidades de protección son algunas de las críticas hacia estos Mecanismos, donde organismos como Human Rights Watch han apuntado que tan solo 2.5% de las investigaciones penales a nivel federal, en 2020, resultaron en una vinculación a proceso, poco menos de 0.3% llegaron a un juicio oral y 95% de todos los crímenes nunca se esclarecen.
