Fotografía: Yahvéh Flores


Hay focos rojos en los borradores de la Ley de Aguas de Querétaro que se discutirán en la Legislatura, debido a que pueden dar pauta a la privatización de este recurso; así lo advirtieron diversas organizaciones medioambientales, quienes en conjunto han realizado acciones e investigaciones sobre los conflictos hídricos en la entidad, por lo que exigen un parlamento abierto.

Esto luego de que el pasado mes de marzo fueron presentadas dos iniciativas en este ámbito por parte de los diputados Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, en primera instacia, y la segunda ocasión por los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente, esta última además contempla derogar disposiciones del Código Urbano.

Y aunque Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), comentó que dicha propuesta no busca la privatización, las organizaciones civiles señalan lo contrario, pues afirman que hay un riesgo por el modelo de manejo elegido para el saneamiento del agua potable.

“La iniciativa propuesta por el PAN cuenta la historia de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), no se aborda el derecho al agua, pero sí se habla de las concesiones; es decir, se aborda la privatización a particulares”, indicó Claudia Romero, abogada integrante del proyecto Bajo Tierra Museo del Agua, quienes han señalado estas prácticas con anterioridad, basados en trabajo académico.

Al respecto, han advertido los procesos de concesión del servicio a particulares en Querétaro durante los años noventa y hasta la actualidad, iniciando a través de la Comisión Nacional del Agua (figura derogada) y dando un paso fuerte durante 2009, cuando la CEA y los municipios emitieron permisos a operadores privados.

En el reportaje realizado por Ricardo Balderas y Mariana Chávez titulado «Los feudos que secaron Querétaro», basados en investigaciones colaborativas entre PODER, el Laboratorio de Investigación Periodística (LABIP) y Bajo Tierra Museo en Querétaro, detectaron las relaciones políticas y económicas que envuelven los intereses del manejo del vital líquido, donde se han detectado hasta 22 entidades privadas con autorización para el abastecimiento, todas asociadas a empresas inmobiliarias.

En ese sentido, exigieron la convocatoria para un parlamento abierto con especialistas en el tema, pues refirieron que es necesaria una legislación para que se regulen estas prácticas, pero bajo un esquema de protección a los derechos humanos, asuntos que se transgreden al buscar la obtención de ganancia por sobre el bienestar social.

Cabe destacar que diversas activistas han mostrado su descontento sobre este asunto, tal como Pamela Siurob o América Vizcaino, esta última quien ha solicitado responsabilidad de los diputados y diputadas, cuestionando el hecho de que una ley busque trasladar atribuciones gubernamentales al sector empresarial, además de criticar que el manejo integral del agua no solo es un asunto administrativo, sino que una propuesta debe ser integral y resolverse en toda su dimensión ambiental.


David Álvarez
davidalv1990@gmail.com
Sociólogo, periodista y gestor cultural. Dirige Proyecto Saltapatrás.

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