Para la generación de una Ley de Aguas en Querétaro se deben asumir las competencias y atribuciones que otorga la Constitución Mexicana y la Ley de Aguas Nacionales, donde se evaluarán las necesidades y demás asuntos relacionados al vital líquido; así lo mencionó la activista medioambiental Pamela Siurob.
Esto luego de que el pasado mes de marzo fueron presentadas dos iniciativas en este ámbito por parte de los diputados Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, en primera instancia, y la segunda ocasión por los grupos legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente.
«Somos de las pocas entidades que no tenemos una ley de aguas en México, pero lo que debemos asumir son las competencias que nos otorgan tanto la Constitución como la Ley de Aguas Nacionales, pues con base en estas competencias y atribuciones entonces se puede construir una Ley de Aguas aquí», indicó.
Añadió que se deben observar diversos procesos en torno al agua, tal como la cantidad y su distribución, tanto en zonas urbanas y rurales, mismas que tienen que ser revisadas por parte de las autoridades municipales y estatales, así como el planteamiento sobre el manejo y entrega del agua que otorga la federación.
«Lo que pasa es que esta ley, en los primeros capítulos, se refiere a lo que genera la Ley de Aguas Estatales que nos corresponde, pero después evoca al organismo operador, entonces se convierte en una ley orgánica de la función de la institución que maneja el agua en Querétaro, que es una entidad estatal. Hay que hacer esa diferencia», dijo.
Detalló que la Ley de Aguas habla sobre el manejo de las aguas y la capacidad de las entidades y municipios al respecto, mientras que una ley orgánica se refiere a la entidad que administra el agua, por lo que esta situación se vuelve confusa, situación que hace necesario discutir con las y los legisladores.
Pamela Siurob recordó que a decir de la Constitución, el agua es un derecho humano, y señaló que según las leyes vigentes las únicas instancias que pueden otorgar concesiones para dicha administración y manejo del vital líquido son las federales. Además, sostuvo que tampoco se consideran los tratados y acuerdos internacionales en el ámbito medioambiental, como el Acuerdo de Escazú.
«La Federación es la única capacitada de dar concesiones y esta propuesta aborda que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y municipios pueden otorgarlas, que es similar a una privatización, porque se otorgan atribuciones gubernamentales a privados para administrar el agua. Además, otra carencia que tiene esa ley, es que no se consideran los acuerdos internacionales», concluyó.
