Decenas de personas se manifestaron desde avenida Zaragoza y hasta Plaza de Armas en defensa del agua y contra las medidas represivas por parte de la Policía Estatal vividas ayer, 10 de junio, donde detuvieron arbitrariamente a tres personas durante un lapso de siete horas, y quienes fueron liberados de la Fiscalía No. 5 luego de la presión pública ejercida por organizaciones civiles, académicos, activistas y sociedad en general.
A las afueras de Palacio de Gobierno, los manifestantes reclamaron la falta de diálogo por parte del Poder Ejecutivo en el estado, ante la aprobación de una Ley de Concesiones a la que acusan de privatizar el recurso hídrico de la entidad, mediante el traslado de responsabilidades de un servicio público hacia uno privado.
Asimismo, denunciaron una campaña de odio, estigmatización, represión, criminalización y persecusión política realizada por medios de comunicación corporativos y funcionarios pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN) como la secretaria de Gobernación, Guadalupe Murguía y Felipe Macías Olvera, quienes justificaron las medidas violentas con las que personal de la policía estatal ejerció su trabajo.
Entre las peticiones que leyeron al público está el alto a la guerra capitalista en contra de los pueblos originarios; un diálogo abierto y pacífico con Luis Alberto Vega Ricoy, titular de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), un representante de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) y el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado.
Además, exigieron la derogación de la ley que regula el servicio de agua en el estado de Querétaro, la acción de inconstitucionalidad de dicha reglamentación y una mesa de trabajo abierta para atender las problemáticas sociales relacionadas al agua, por lo que convocaron a los pueblos, barrios originarios, colonias populares y sociedad consciente a sumarse a estas propuestas.
Cabe señalar que desde estas acciones, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles en Querétaro mostraron su inconformidad ante los atentados contra manifestantes, condenando el actuar de la fuerza pública, donde personas de la tercera edad y mujeres indígenas fueron golpeadas y sometidas sin ningún reparo.
