Fotografía: Laura Santos
Sobre los desalojados de La Cuadrilla, en la comunidad de Juriquilla, hay una campaña de criminalización que vulnera a estas personas, donde autoridades deben centrarse en atender su problemática de falta de vivienda digna; así lo aseguró Aleida Quintana, activista y antropóloga de la asociación T’ek’ei «Grupo interdisciplinario por la equidad».
Esto luego de que el 15 de junio del año en curso, decenas de familias fueran desalojadas por elementos policiacos de los tres niveles de gobierno, en conjunto con personal del Poder Judicial del Estado. A decir de habitantes entrevistados para Proyecto Saltapatrás fueron defraudados por Guadalupe Cruz Hernández, a quien le pagaron los terrenos que gobierno estatal reclamó en un operativo en la madrugada.
«Con todo lo que ha pasado en el estado, sobre todo referente a las acciones del gobierno estatal, tiene que ver con acciones antiderechos. Por un lado el desalojo de personas en una situación de vulnerabilidad grave, donde se pone el tema en una posible criminalidad y no en el tema del por qué existen personas en esa situación, donde no se conoce qué pasará con ellos», manifestó.
Al respecto, indicó que en Querétaro existe una campaña de criminalización contra las personas en situación de pobreza, «una política presente en este y todos los gobiernos bajo esta política de limpieza, de negar la pobreza, poner al centro públicamente un estado que presumen de avanzado, centrado en políticas económicas y se refleja en todo ello».
Añadió que estas dinámicas tienen como consecuencia el tipo de fuerza pública empleado para el desalojo de estas personas, muchas de ellas de la tercera edad, mujeres y niños; imágenes y videos que fueron compartidos en redes sociales donde se pudo ver el tipo de operativo, donde recordó la situación vivida en 2021 al desalojar indígenas artesanos de Amealco en Plaza de Armas.
«Y esto en un contexto de criminalización de personas defensoras, activistas y personas que se han manifestado por causas justas, donde se han utilizado campañas de desprestigio para demeritar el trabajo de las organizaciones, en una política de criminalización de personas disidentes, que no están de acuerdo con las políticas empresariales de este gobierno local», dijo.
