Fotografía: Laura Santos
La Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) cuestionó la decisión de la Defensoría de Derechos Humanos del estado (DDHQ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no declarar inconstitucional la llamada Ley de Concesiones, donde señalaron que no hubo consulta a comunidades indígenas, como lo estipula la ley.
Al respecto, la REDAVI indicó que esto viola el derecho a la consulta, misma que está asentada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Querétaro.
Por ello, refirieron que estas dependencias son omisas ante los hechos «y por lo tanto cómplices», pues afirmaron que dicha documento solo se «limita a distinguir entre la concesión de agua y la concesión de su servicio», en un carácter normativo, «evitando entrar en análisis de derechos humanos, como si la prestación del servicio no tuviera un lugar central en la garantía del derecho humano al agua».
«El segundo enuncia 39 páginas de doctrina, y concluye sin ningún ejercicio de análisis. Ninguno entra al estudio de los artículos. En el escrito presentado el 1 y 2 de junio, respectivamente, por 30 organizaciones de la sociedad civil, se presentaron distintos argumentos por los cuales artículos específicos resultan regresivos y violatorios de los criterios de accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, progresividad, etc.»
La red añadió que los análisis realizados contra esta ley para declararla inconstitucional fueron secundados por comunicados de las Redes del Agua, la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, Agua para la Vida e investigadores de distintas universidades, como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Ninguno de los anteriores fue tomado en cuenta. Además, en su proceso de aprobación y publicación se omitió atender el mandato del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Medio Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), en relación con Participación pública en los procesos de toma de decisiones medioambientales, lo cual en sí mismo es motivo suficiente para controvertirla», manifestaron.
Finalmente, la REDAVI convocó a organizaciones de derechos humanos y medios locales, nacionales e internacionales, para acompañar los procesos de trabajo en comunidades, barrios, colectivos y colonias, a fin de documentar y denunciar cualquier violación a los derechos humanos. Asimismo, externaron su preocupación por la criminalización a la protesta y persecución por parte de autoridades estatales.
