Texto: Blanca Gutiérrez
Fotografía: Carlos Ayala
El informe presentado por Alejandro Encinas Rodríguez como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el pasado 18 de agosto de 2022, es de enorme relevancia histórica.
Dicho informe fue presentado ante padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, en presencia de los expertos internacionales que han acompañado a las investigaciones desde los primeros meses, de organizaciones sociales, la representación de la ONU, los secretarios de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y el Fiscal General de la República, todos, presididos por el presidente de México.
Navegar en las aguas profundas de las cloacas mexicanas no debe ser tarea sencilla. Se necesita, supongo, una elevada dosis de resistencia para no desfallecer en el intento. Como bien sabemos, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa se condensa lo peor de la miseria humana que caracteriza al sistema político mexicano del antiguo régimen.
Un expediente que consta de más de 50 mil documentos y más de 17 mil sesiones de audio y transcripciones, ejemplifica con claridad el nivel de descomposición del Estado mexicano amalgamado con el crimen organizado, mismo que dio lugar a esa tragedia, digna del régimen nazista.
El trabajo realizado por quienes integran la Comisión de la Verdad y sus equipos de apoyo ha sido extraordinario, valiente y exaustivo. Miles de documentos analizados, audios escuchados, cientos de consultas realizadas en archivos históricos y de inteligencia de los órganos represivos del Estado, entrevistas con múltiples actores, análisis de llamadas telefónicas y demás, conforman la labor hasta hoy emprendida.
Se rompió el Pacto de Silencio. Cárteles delictivos, policías municipales, estatales y federales, miembros del Ejército, funcionarios públicos de los tres niveles, gobiernos de diversos colores partidistas, entre otros, conformaron una compleja red de complicidades cuya participación directa en la persecución, captura y desaparición de los jóvenes hace de la Noche de Iguala un Crimen de Estado.
La conclusión es contundente: la llamada “verdad histórica” fue “el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder”.
Crueldad, persecución, violencia, tortura, violaciones graves a los derechos humanos, desaparición forzada, ocultamiento y manipulación de la información, construcción de narrativas falsas, alteración de documentos y múltiples agravios a los deudos, son parte de esos acontecimientos que marcaron a nuestras generaciones para siempre.
Siempre se supo, hoy se confirma.
Una de las novedades del Informe presentado es saber que el Ejército tenía infiltrada a la Normal de Ayotzinapa a través del soldado Julio César López Patolzin, quien realizaba la función de informante. Pues bien, hoy sabemos que el joven soldado fue abandonado a su suerte, como el resto de sus compañeros de aula, por un Ejército metido hasta lo más profundo en la tragedia de la desaparición.
Sintetizo las conclusiones presentadas por la Comisión:
- Fue un crimen de Estado.
- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Alteraron hechos y circunstancias. Por acción, omisión o participación, son cómplices en la desaparición y ejecución de los estudiantes.
- Policías municipales y agentes del estado actuaron en coordinación con un amplio número de sicarios y “halcones”.
- Los estudiantes NUNCA estuvieron en el basurero de Cocula.
- Hay por lo menos complicidad de los mandos militares que vigilaban las salidas en los 16 retenes existentes en el perímetro de Iguala.
- No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Hay evidencias que acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Falta saber quién o quiénes inventaron la macabra versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula causando un dolor inconmensurable a las familias de los estudiantes.
Falta conocer quién o quiénes dieron la orden de desaparecer a los estudiantes. Falta ver en la cárcel, sentenciados, a todos y a cada uno de los responsables.
La investigación continúa; la búsqueda de los estudiantes también. Expreso mi agradecimiento y respeto a quienes integran la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Da paz saber que el gobierno de la 4T no es cómplice de una de las mayores atrocidades de nuestro tiempo.
