Fotografía: Laura Santos
Incrementar las penas de feminicidio en Querétaro para menores de edad y mujeres con discapacidad puede tener un mensaje para inhibir estas conductas y visibilizar los casos; sin embargo, la política punitiva por sí sola no resuelve ningún problema social complejo como lo es la violencia contra las mujeres.
Así lo dio a conocer la integrante de la Red de Mujeres Feministas de Querétaro, Carmen Consolación González Loyola, luego de que las diputadas Selene Salazar Pérez y Laura Dorantes Castillo presentaran una reforma al Código Penal para incrementar a 66 años las penas máximas en los casos de feminicidios contra menores de edad y mujeres con discapacidad.
«Me parece importante la reforma porque visibiliza el que en Querétaro sí hay una violencia feminicida que cobra la vida de una mujer y niña, por lo menos una vez al mes; un dato preocupante que obliga a las autoridades de prevención del delito a diseñar políticas públicas para prevenir la violencia».
Dicha propuesta fue avalada por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, señalando que de enero a agosto de 2022 hay 10 feminicidios y cuatro tentativas de feminicidio judicializados, una cifra que alcanzó a la de 2021 que registró 10 feminicidios y tres tentativas.
Por ello, la también abogada aseguró que estas acciones legales pueden incidir en la disminución de los delitos en el estado; no obstante, consideró que las medidas punitivas son solo parte de lo que se requiere para evitar existan estos delitos, por lo que son necesarias mejoras en los propios procesos de denuncia.
«El incremento de la pena puede tener un mensaje para inhibir estas conductas, pero se requiere de mucho más. Se requieren mecanismos para que mujeres y niñas puedan disfrutar sus derechos a una vida libre de violencia. Se requiere de agencias, fiscalías unidas, donde las mujeres al primer golpe y maltrato puedan acudir a presentar su denuncia y sean escuchadas y atendidas adecuadamente».
Asimismo, refirió que hay otras medidas necesarias para garantizar la seguridad y el trabajo puntual en la violencia de género en el estado desde las mismas instancias de seguridad, como la oportunidad de iniciar procesos terapéuticos para que las mujeres puedan denunciar a sus agresores.
«Ya que los agresores de las mujeres son esos hombres, en su gran mayoría son los que las violentan, con quienes conviven cotidianamente. Eso nos hace falta. La política punitiva por sí sola no resuelve ningún problema social tan complejo como es la violencia contra las mujeres».
