Fotografía: Laura Santos
En Querétaro el machismo mata y violenta, pues de 2015 a 2022 se han registrado de manera oficial 101 feminicidios; una cifra que se suma a la reciente colocación de la entidad en tercer sitio nacional en prevalencia de violencia contra las mujeres a lo largo de su vida con un 75.2%, y en primer sitio en la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses con 49.8%.
Esto de acuerdo a lo registrado por diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 y los reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); mecanismos cuyos resultados han sido recopilados por asociaciones feministas para señalar dichas problemáticas.
Y es que los casos de violencia de género en el estado generan preocupación en diversos sectores de la sociedad, pues si bien Querétaro no se encuentra en los primeros sitios en feminicidios en el país, su alta incidencia e incremento en violencias en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar y en pareja este año podría reducir esa brecha con los estados más afectados como el Estado de México (95 feminicidios en 2021), Nuevo León (70) y Veracruz (49).
«Tenemos el caso de la joven Valentina»
Sin embargo, pese a que la entidad se encuentre entre los últimos ocho lugares al registrar, de enero a agosto de 2022, siete feminicidios (SESNSP), y que la capital de Querétaro sumó tres registros de este delito, colocándose en el lugar 54 a nivel nacional, en tanto que El Marqués contó con dos casos colocandose en el sitio 99 a nivel nacional, diversas activistas e investigadoras han cuestionado estas cifras, principalmente por el tema de clasificación de las carpetas de investigación.
«La problemática es cómo se clasifican las carpetas de investigación. No las quieren claisificar como feminicidios. Para que haya una investigación que se clasifique como feminicidio en el estado de Querétaro se debe cumplir con al menos uno de los siete incisos previstos que plantean las razones de género en el Código Penal», indicó Laura Santos, abogada del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH).
Para la también activista, las razones por las que no se quieran procesar los delitos bajos este denominador tiene que ver con aspectos económicos o de interés institucional, pues las clasificaciones y estadísticas que remiten a que la entidad tiene altos índices de violencia de género son poco eficientes para el tema de inversiones o de turismo, los cuales se verían afectados.
«Tenemos el caso de la joven Valentina», añadió, una menor asesinada al interior de su domicilio en el Centro Histórico de la capital queretana en septiembre de 2022. «Es evidente que hubo una clasificación errónea (homocidio calificado) de la investigación porque se cumplía con una de las fracciones del Código Penal. Esto era motivo suficiente para investigar y sancionar conforme al delito de feminicidio, pero no lo hicieron; desatendieron este aspecto», explicó.
En ese sentido, la criminóloga Viridiana Sosa Márquez, también integrante de CLEIDH, hizo esos señalamientos, al referir que las autoridades en Querétaro han mantenido un discurso de un Estado ejemplar en temas de seguridad con la misma finalidad turística y de inversión, donde las cifras que otorgan organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) van a ser básicamente las fuentes más confiables con las que se cuenta, respecto a registrado localmente.
«Las cifras que arroja INEGI muestran a Querétaro en los primeros lugares para todo tipo de violencia contra las mujeres, mientras que las cifras locales carecen de difusión y han sido suplidas por cifras de productividad o informes de actividades en las que los indicadores de medición son el número de detenciones y puestas a disposición a juzgado cívico y Fiscalía», manifestó.
Cabe señalar que de enero de 2019 a abril de 2022, en Querétaro se han reportado mil 832 denuncias de acoso sexual, con lo cual se coloca como el tercer estado con mayor incidencia de este delito a nivel nacional, según un estudio de TResearch International, agencia especializada en estudios de opinión.
Sobre la deuda que tiene el estado respecto al tema, Sosa Márquez precisó en que la primera falencia consiste en la negación de las cifras y posteriormente en colocar los indicadores de medición del lado equivado y, por lo tanto, la política pública: «si continuamos con la política pública de que la policía en calle debe «hacer números» (¿cuántos detuviste hoy sin importar qué?) entonces no podemos contar con una policía preventiva. Las policías están actuando sin conocer las cifras de lo que realmente aqueja a la sociedad y por tanto, sin estrategia».
«Si a todo esto sumamos que la mayoría de las y los titulares de las instituciones no cuentan con el perfil necesario para desempeñar su cargo, tenemos la fórmula perfecta para el fracaso institucional», declaró.
Alertas y protocolos como atención
En Querétaro se cuenta con tres protocolos de atención para la búsqueda de personas desaparecidas, tales como el de la Comisión Local de Búsqueda, el protocolo Alba y la Alerta Amber, medidas que apuntan al mismo ejercicio de seguridad pero completamente diferentes en sus procesos y necesidades, que a decir de la activista, antropóloga e integrante de T´ek´ei, Grupo interdisciplinario por la equidad, Aleida Quintana, hay una negativa de las autoridades a activarla, en el caso de la Alerta Amber.
«Utilizando argumento que no vienen en el protocolo. Un ejemplo es que ante la desaparición de una niña, niño o adolescente, la familia pide la activiación y les dicen que no es posible, que tienen que valorar el caso; tardan días sin dar respuesta y cuando la familia solicita por escrito la activiación de la Alerta Amber la Fiscalía dice que no es posible activarla porque pasaron días y ponen como argumento la inmediatés, pero este no es una característica de su activación».
Para la también acompañante de casos de desaparecidas, otro argumento que utilizan las autoridades, en casos de niñas y adolescentes desaparecidas es la activación de la Alerta Alba, que es otro protocolo de investigación con perspectiva de género, el cual no está homologado a nivel nacional, lo que consideró como una de las grandes faltas tanto de las autoridades federales como de cada estado.
«Este protocolo se activa en todos los casos de desaparición de niñas y mujeres, atendiendo y priorizando la búsqueda en vida. Lo que encontramos en Querétaro es que son dos protocolos diferentes con fines diferentes, pero que la Fiscalía a veces niega la activización de la Alerta Amber argumentando la activización de Alba, cuando son diferentes, poniendo en riesgo los derechos de las infancias y las mujeres».
