Fotografía: Laura Santos
Fueron 125 colectivos, organizaciones, redes, pueblos y comunidades indígenas las que se dieron cita en el barrio quinto de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco: ¿el motivo? La defensa del agua ante el despojo y la crisis hídrica.
Desde temprana hora del sábado 18 de febrero, asociaciones provenientes de 18 entidades de México y de seis países del mundo arribaron a este territorio en el estado de Querétaro, donde en marzo de 2021 se denunció la extracción de agua del pozo de esta localidad, en el barrio cuarto, que derivó en posteriores manifestaciones ante la escasez del vital líquido en el mismo periodo.
Personas de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Baja California, Coahuila, Quintana Roo y la Ciudad de México, así como Colombia, Italia, Canadá, Puerto Rico, Argentina y Chile, pudieron colaborar en este segundo acercamiento en defensa del agua; la primera fue del 27 al 28 de agosto en Santa María Zacatepec, Puebla.
En el encuentro se analizaron, discutieron y organizaron en defensa del agua, en una compartición de experiencias y conocimientos de distintas problemáticas en América Latina con un mismo común denominador: el saqueo, la extracción, el tráfico, la venta y la explotación del agua, en un contexto en el que su defensa aumenta la persecusión, acoso e incluso asesinato sobre las personas defensoras.
Hoy, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% sufre escasez. El último informe de Global Witness, de 2021, recoge un total de 227 asesinatos contra defensores ambientales en el mundo en 2020, encabezado por Colombia. México, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los primeros diez con más crímenes relacionados.
Por ello, en esta Segunda Asamblea, se denunció el asesinato de Samir Flores Soberanes a cuatro años de su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y su oposición a la Termoeléctrica de Huexca que le costaron la vida, así como el cese a la criminalización y el cierre de los procesos judiciales y de carpetas de investigación contra activistas de Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro.
«Los pueblos, barrios, tribus, naciones, comunidades, organizaciones, colectiv@s, hombres y mujeres que luchan y resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal y por la defensa del Agua y la Vida, vivimos una guerra de exterminio que impone saqueo, despojo, desplazamiento forzado, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinatos en contra de nuestros pueblos y comunidades indígenas», describieron en un comunicado, como segunda declaración.
Despojo en el país, una situación que preocupa
Sergio Marcos, del Colectivo Cultural Atanor y el Comité Ndexi del Estado y la Ciudad de México, relató que en su comunidad las autoridades han ocupado los mantos acuíferos de la zona, denunciando a su vez la tala ilegal de árboles con total impunidad, un tema que ha generado cierta organización, principalmente en el tema de consciencia mediante el arte, para buscar combatir esta situación.
«Buscamos la concientización social, de alguna manera nosotros como colectivo cultural haciendo énfasis en la importancia de todo esto, enfocado a la relevancia de la naturaleza y la cultura en su conjunto», explicó para Proyecto Saltapatrás.
Argelia Guerrero, por su parte, de la Red Universitaria Anticapitalista, de la Ciudad de México, indicó que como estudiantes han acompañado procesos en barrios y pueblos que enfrentan el despojo del agua para el caso de las ciudades, sobre todo con el tema inmobiliario, y en los pueblos de la extracción del agua por empresas mineras, cerveceras, entre otras.
«Como Bonafont, que sacó su concesión como un pozo casero para riego, cuando es un pozo precisamente de Bonafont, que vende el líquido». Ante ello se han organizado con plantones, siendo la más radical la toma de la empresa Bonafont en Puebla, así como la de Pedregales en la CDMX contra una inmobiliaria.
O el caso de Tina Madregal, de la colectiva Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CIG-CNI en el Puerto de Veracruz, quien también denunció la privatización del agua de esta zona en 2016, donde el agua ha sido mercantilizada elevando los costos de su servicio para la población, además de un mal servicio al acusar que esta se encuentra contaminada.
«Mucha gente debe grandes cantidades de dinero y no lo pueden pagar, y les cortan el drenaje. Recientemente en la localidad de Vargas pondrán la empresa cervecera Constellation Brands», misma que salió de Mexicali, Baja California, por el tema del agua al norte del país, y que en 2022 obtuvo 14 concesiones por tres millones de litros de agua. «Ahora como no puedieron allá, van a querer despojar del agua al Puerto».