Fotografía: David Álvarez
Durante el miércoles 31 de mayo, personal administrativo del Mercado Josefa Ortiz de Domínguez, La Cruz, y de la dirección de Servicios Complementarios ordenaron la suspensión de actividades de la señora Licha, «la aguacatera», así como de su familia, de manera arbitraria; vendedoras de frutas y verduras de temporada en los pasillos de este sitio.
Fueron tres los negocios recientemente suspendidos de manera provisional por las autoridades municipales, los que se localizan en el pasillo a un costado de Garibaldi. A decir de testimonios anónimos de este mercado, algunos comerciantes presentaron una queja ante la administración acusando a estas personas de vender más variedad de mercancía.
Por ello, autoridades municipales realizaron una inspección en estos negocios, donde argumentaron que no podían vender otro tipo de productos, aunque estos sean pertenecientes al mismo giro. Asimismo, las autoridades indicaron que las personas que se instalan en esa zona son «toleradas», por lo que no cuentan con licencias.
«Ahora tiene algunos años que los de verduras decían que ellas ya estaban vendiendo cosas que ellos, y sí, pero eso no es ilegal ni nada, es una consecuencia lógica, ni ellos venden lo mismo que cuando empezaron. Pero hay una idea que está plantada en ellos, de que estos puestos tienen menos derechos que los locatarios», refirieron.
Y es que, a partir de este argumento, municipio llegó de manera arbitraria a clausurar el sitio, ya que Licha y su familia, que comenzaron vendiendo aguacates, ampliaron sus productos para ofertar frutos rojos, nopales, chayote, limón, pimiento, entre una variedad de alimentos. De hecho, pese a que se menciona que son «toleradas», se les cobran 12 pesos diarios por metro de espacio en este mercado. Hay variedad de ellos en distintos puntos.
«El municipio dice que tienen que limitarse a una lista de productos, lo cual es irregular, porque un límite es el giro, pero ¿cómo limitas un giro? En primera ellas no tienen licencia. Si ellas no supieran que se puedan poner, no se ponen, y durante más de 30 años se han puesto. Municipio tiene giros, por ejemplo: frutas y verduras, pero no existe una limitación en la ley que te diga que no puedes vender tal o cual fruta o verdura, y ellos sí lo están solicitando».
Precisaron que estas medidas tampoco han sido parejas, pues si municipio argumenta dicha situación, sólo aplicó esta suspensión provisional a los tres puestos, mientras que otras 15 personas similares en el mismo pasillo, en las mismas condiciones sin licencia, siguen operando con regularidad.
«¿Por qué no les dan licencia a personas que saben que viven ahí, que llevan 30 años sustentado su economía?», cuestionaron, quienes añadieron que hubo acuerdos administrativos AG/SF/000 y AG/SF/020 para apoyar a regularizar a comerciantes, no obstante, «de un día para otro nos mandan escritos y órdenes de quitarnos, nos ponen medidas de seguridad como si fuéramos criminales o peligrosos y lo hacen a la fuerza».
Algunos comerciantes temen que este asunto se relacione con la construcción del estacionamiento, en el que dijeron es un tema politizado, en un intento de quitar a todas las personas con una situación similar de manera paulatina. Cabe señalar que este estacionamiento se pretende construir en el mes de septiembre, con una inversión que rondaría los 200 millones de pesos como máximo, dentro de la administración de Luis Nava, presidente municipal.
