Fotografía: Michelle Ramos
Habitantes de Tlacote El Alto denunciaron irregularidades en la construcción de un pozo destinado a abastecimiento de agua a la localidad. De acuerdo con sus testimonios, la Comisión Estatal de Agua (CEA) busca anular un acuerdo previamente establecido entre los habitantes, los ejidatarios y la entidad debido a intereses financieros. Además, señalaron a la CEA de sabotear el suministro de agua en aparente represalia por la resistencia de la comunidad ante la gestión del agua.
El conflicto se remonta a la venta del pozo a la Hacienda Tlacote El Alto hace una década. Esta transacción dificultó el derecho al agua para los residentes, pues el propietario de la hacienda interrumpió el suministro de forma recurrente durante un periodo de 8 a 10 meses. Ante esta situación, solicitaron ayuda a Mompaní para hacer frente a la escasez de agua, pero su petición fue rechazada.
En 2018, se realizó un convenio entre el propietario de la hacienda y la CEA, en el que los ejidatarios cedieron un terreno de 15×15 metros para la construcción de un segundo pozo que sería usado a beneficio de la comunidad. Sin embargo, este acuerdo fue meramente verbal, por lo que no existe algún documento que lo respalde.
El proyecto se vio obstaculizado por la pandemia en 2020, lo que retrasó la obra hasta noviembre de 2023. La población expresó sus sospechas sobre el propósito real del pozo cuando el taladro se encaminó hacia Mompaní, una localidad con la que colinda Tlacote El Alto.
Según declaraciones de José Sepúlveda y Elizabeth de Jesús Rodríguez, representantes de la comunidad, el terreno ejidal que había sido cedido para la construcción del pozo era adjudicado por los intereses del pueblo vecino, e incluso ya había sido nombrado Mompaní II. Los representantes sospechan que se están construyendo condominios para Nuevo Juriquilla y el agua no será destinada a los pobladores, sino a dichas obras. Sostuvieron que Mompaní tiene los recursos necesarios para continuar con su proyecto, por lo que no hay necesidad de desviar el suministro de agua.
Conforme a lo expresado por los representantes, los ejidatarios se reunieron con el equipo de la Comisión Estatal de Agua y firmaron un contrato con el comisariado, en el que no se establecía tiempos, penalidades ni detalles sobre el proyecto, así como el provecho que traería a la comunidad. «Pero no dicen qué beneficios, ni qué, ni cuándo. Digo, los beneficios pueden llegar en uno o en 10 años o 15, cuando la mancha urbana ya se haya comido todo esto», subrayó Sepúlveda.
Preocupados por la falta de transparencia y beneficios claros, los habitantes determinaron detener la obra del pozo. «Dijimos a ver cómo están los papeles, “no pues no hay papeles”. Ah, caray. Oye, ¿y se ratificó este contrato en la Asamblea? “no, nada”, oye ¿y se cumplieron las leyes de la Ley Agraria del ejido?, “no, nada”». En abril, durante la asamblea, se votó unánimemente para no firmar, ratificar ni continuar con los trabajos hasta que se establecieran todos los puntos legales del trato.
Pese a ser aprobado y firmado por los representantes de la comunidad, el acuerdo no fue reconocido por la institución, «dijeron: “mientras no vengan los dueños, ustedes (comunidad) no valen”». Solo después de que algunos ejidatarios firmaron, lograron detener las obras.
De acuerdo con Sepúlveda, la CEA comenzó a sabotear el suministro de agua a manera de represión por la decisión de la localidad. «Áreas donde ya tenían agua, ahora ya no tienen», declaró. Además, denunció que el pozo fue apagado hasta por dos semanas. Señaló que se hicieron los reportes correspondientes a la CEA y solicitaron pipas para solucionar el desabasto de agua. No obstante, la Comisión Estatal de Agua hizo caso omiso a sus peticiones hasta que los residentes tomaron medidas para reactivar el pozo.
Según los locatarios, se han reportado situaciones similares en otras regiones como es el caso de Tlacote El Bajo, donde con el inicio de los desarrollos habitacionales de Tres Cantos, ubicados cerca de la Avenida de la Luz, el suministro de agua se limitó para los pobladores.
El representante también destacó que dentro del marco de las campañas políticas, los candidatos abordan el tema del agua, pero enfocándose en los intereses del sector privado. En el caso de Tlacote El Alto, las propuestas de campaña asumen que la construcción del pozo continuará para favorecer al sector privado, bajo la premisa de que el agua es un derecho al que deben tener acceso, pasando por alto las necesidades de la comunidad.
«¿Tú crees que si nosotros nos quedamos sin agua, van a hacer una inversión millonaria para traernos agua porque es un derecho? Pues no, como son el pueblo alejado entonces ellos que se fastidien, ellos que se queden sin agua, ahí luego les resolvemos».
Los representantes comunitarios afirmaron que el proceso de perforación incompleto de un nuevo pozo, sin tener certeza legal para llevarlo a cabo, dificulta la justificación de la Comisión Estatal de Agua para mantener dos pozos en la zona, uno en funcionamiento y otro no. Además, indicaron que esta situación constituye un problema para la institución por no atender la petición principal de la comunidad.
En la última asamblea, los locatarios y ejidatarios llegaron a un acuerdo unánime para presentar su propuesta a la CEA: se debe construir el pozo en beneficio a los moradores de Tlacote El Alto, con total transparencia y claridad en todos los aspectos del proyecto, o en su defecto, se retirará el terreno ejidal destinado para este fin.
