Fotografía: Laura Santos
El pasado 25 de octubre, Querétaro se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento entre policías municipales y un grupo de artesanos que buscaban vender sus productos en el Jardín Zenea.
Las imágenes del altercado recorrieron las redes sociales, mostrando a mujeres artesanas con bebés en brazos mientras la fuerza pública las desalojaba de manera contundente. Esta situación generó una ola de preocupación, tanto a nivel local como internacional, sobre el respeto a los derechos humanos y la actuación de las autoridades.
Bernardo Romero Vázquez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), no dudó en calificar las acciones de las autoridades como «totalmente abusivas e ilegales».
En una entrevista para Proyecto Saltapatrás, Romero enfatizó que, aunque las autoridades argumentaban haber actuado conforme a la ley, la realidad era que la legislación vigente permitía justificar abusos que iban en contra de los derechos fundamentales.
«Si nuestra actual legislación estaba pensada para justificar acciones abusivas, contenía ciertas prescripciones que no cumplían con los criterios nacionales e internacionales de derechos humanos», afirmó.
El uso desproporcionado de la fuerza se convirtió en el centro de la crítica. Romero sostuvo que, aunque el Código Penal establece restricciones en torno a la protesta, el derecho a la resistencia frente a abusos era igualmente válido.
«Protestar es un derecho, y los abusos de la autoridad son un delito», dijo, subrayando que cualquier acto de violencia por parte de la policía debía ser sancionado. En este sentido, cuestionó la lógica detrás de la supresión de la protesta y la etiqueta de «agitadores» que a menudo se asignaba a quienes se organizaban para defender sus derechos.
El contexto socioeconómico de Querétaro también fue relevante. Romero señaló que la narrativa que promueve la idea de que “los malos vienen de fuera” perpetua un ciclo de discriminación y racismo. «Se limpia el Centro, pero ¿cómo lo limpian? Se limpia la basura, y esa es la acción que llevaron a cabo», reflexionó, criticando el enfoque excluyente que las autoridades a menudo adoptan hacia los grupos vulnerables, incluidos los indígenas.
La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar. La ONU Derechos Humanos México expresó su preocupación tras la detención de al menos nueve personas durante los incidentes, entre las cuales se encontraban indígenas, manifestantes y observadores de derechos humanos. En consecuencia, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) inició una investigación de oficio sobre los hechos.
Los enfrentamientos, que involucraron a más de 200 policías, incluidos miembros del grupo especial K9, suscitaron un debate crucial sobre la forma en que las autoridades manejaban las manifestaciones y el derecho a la libre expresión.
Romero concluyó que «la gente se organizó y se levantó porque tiene derecho», destacando que la crítica y la resistencia eran fundamentales en una sociedad democrática. El uso del miedo y la violencia por parte de la autoridad no solo fue injustificable, sino que puso en riesgo el tejido social y los derechos fundamentales que todos los ciudadanos debían poder ejercer.
