Fotografía: Cortesía Concejo indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán
Integrantes de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, denunciaron afectaciones a su acceso al agua de riego, atribuyendo los hechos a acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según el comunicado emitido, estas acciones vulneran los derechos al agua, la alimentación y el territorio, reconocidos tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Los comuneros informaron que los daños incluyen la destrucción de candados que protegen un pozo de agua comunitario y el robo de equipo eléctrico indispensable para su funcionamiento.
Entre los elementos señalados se encuentran tres PC eléctricos del tablero, un medidor y tres porta fusibles con fusibles de listón, con un valor estimado superior a los 70,000 pesos y que podría superar los 100,000 pesos al considerar otros costos.
Este material había sido adquirido por la comunidad con recursos propios para garantizar el riego de cultivos de maíz, calabaza y frijol, esenciales para la subsistencia de las familias.
Asimismo, los habitantes denunciaron que, sin previo aviso, la CFE cortó el suministro de energía eléctrica al pozo, afectando directamente la capacidad de irrigar las parcelas. También señalaron irregularidades administrativas, como un supuesto aumento en el consumo de energía eléctrica reportado en los registros de la CFE, pese a que los recibos más recientes indican consumo nulo.
La comunidad considera que estas trabas son fabricadas intencionalmente para invalidar su contrato actual y forzarlos a realizar una nueva contratación, cuyo costo aproximado sería de 60,000 pesos, una cifra elevada para los habitantes de una comunidad considerada marginada.
Además, los comuneros señalaron la falta de respuesta formal a las solicitudes presentadas ante la CFE, la ausencia de un intérprete de su lengua materna durante los procedimientos y la falta de consulta previa en las decisiones que afectan a la comunidad, lo que consideran una violación a los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
Los habitantes señalaron como responsables de resolver la situación a los funcionarios Salvador Alberto Martínez Cuevas, Héctor Barrios y Angélica Janet Reyes Moreno, quienes ocupan cargos en la CFE en Querétaro.
La comunidad exige la reparación inmediata de los daños a las instalaciones eléctricas del pozo, la reconexión del suministro de energía eléctrica y el respeto al contrato vigente que permite operar el sistema de bombeo.
Los comuneros advierten que la imposición de un nuevo contrato, además de eliminar los subsidios previamente gestionados, incrementaría de manera innecesaria los gastos para las familias.
