Fotografía: David Álvarez
Las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro han sido tomadas por diversas comunidades indígenas de Querétaro y Guanajuato durante los últimos 16 días.
La protesta, que se mantiene sin respuesta por parte de la dependencia federal, tiene como exigencia principal la destitución de Carmen Álvarez, a quien acusan de exclusión y omisión en la representación de los pueblos originarios.
Abigail Torres Hernández, autoridad tradicional de Misión de Chichimecas, señaló que durante las mesas de diálogo con las autoridades se entregó un pliego petitorio en el que se solicita la remoción de Álvarez.
Explicó que la nueva reforma al artículo 2º constitucional reconoce la voz y el voto de las comunidades en la toma de decisiones, pero que esta disposición no ha sido respetada por la funcionaria.
Torres Hernández expuso que Álvarez ha desconocido a las autoridades electas por asamblea y ha favorecido a otros grupos sin consulta previa. Además, detalló que la funcionaria ostenta tres cargos simultáneamente: es coordinadora del Plan de Justicia Chichimeca-Otomí para la región Querétaro-Guanajuato, delegada de San Ignacio en San Luis de la Paz y titular del INPI en la región.
Consideró que esta situación genera un conflicto de interés, pues al tener representación comunitaria no debería ejercer un cargo público.
Genaro Nieves, autoridad comunitaria indígena de Bernal, explicó que, además de la exigencia de destitución, las comunidades denuncian la exclusión de 14 comunidades indígenas del listado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
En el estado hay 188 comunidades reconocidas, pero solo 174 fueron incluidas en la distribución de los recursos. Señaló que esta omisión afecta el acceso a infraestructura básica y evidencia una invisibilización de los pueblos indígenas.
Los manifestantes han mantenido una organización interna para sostener la protesta. Han instalado guardias y se han coordinado con comunidades de Amealco, San Francisquito, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Colón y municipios de Guanajuato como Tierra Blanca y San Miguel de Allende.
Durante las mesas de diálogo han solicitado explicaciones sobre la asignación de recursos y la permanencia de Álvarez en el cargo, sin recibir respuestas claras.
En el contexto de la protesta, Jessica Cabrera, habitante de Colón, denunció que las decisiones de la funcionaria han vulnerado la autonomía de las comunidades.
Rafael Téllez, representante de la confederación indígena del barrio de San Francisquito, cuestionó la falta de consulta a las comunidades en decisiones que les afectan directamente y mencionó que en la LX Legislatura de Querétaro no se reconoció a San Francisquito como barrio indígena.
Las consignas de los manifestantes enfatizan el respeto a la autonomía, el rechazo a la imposición de autoridades no electas por las comunidades y la demanda de transparencia en la distribución de recursos. La protesta continúa sin que el INPI haya dado una respuesta concreta a las exigencias de las comunidades.
