Fotografía: César Gómez
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó a la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de ley en materia de agua, manteniendo un sistema que, de acuerdo a organizaciones civiles, favorece a grandes concesionarios y limita la participación de comunidades, pequeños agricultores y pueblos indígenas.
Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua advirtieron que esto perpetúa la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y las restricciones de acceso para quienes dependen del agua local.
El proyecto permite la privatización de obras hidráulicas y servicios de agua, mantiene la discrecionalidad en el cobro de derechos a grandes concesionarios (que actualmente solo pagan sobre una fracción de los volúmenes concesionados) y no contempla mecanismos para reducir el sobreconcesionamiento de acuíferos ni proteger acuíferos kársticos.
Los Consejos de Cuenca, responsables de coordinar el uso del agua entre gobierno y ciudadanía, seguirían dominados por los grandes concesionarios, sin representación de comunidades afectadas ni de investigadores.
“Con estas reglas, los recursos hídricos continuarán concentrados en manos de quienes ya los controlan, mientras los pequeños usuarios enfrentan limitaciones y riesgos ambientales”, indicó Agua para Todos.
Las organizaciones propusieron prohibir la privatización, garantizar representación amplia en los Consejos de Cuenca, reducir el sobreconcesionamiento y proteger los derechos de pueblos indígenas, así como establecer medidas contra daños por fracturación hidráulica.
El dictamen, elaborado por la misma Conagua, fue señalado por las organizaciones como una vulneración a la competencia del Poder Legislativo y como un documento que no resuelve los problemas que la ley debería corregir, incluidos la sobreexplotación de acuíferos y las afectaciones al interés público derivadas de concesiones históricas.
