En Santiago Mexquititlán, el agua no es un recurso que se entregue, ni un servicio que se facture; es la vida misma que se resiste a ser arrebatada.
Desde hace años, la comunidad ha visto cómo instituciones del Estado, desde la CEA hasta la CONAGUA, se han convertido en actores de un despojo sistemático: perforaciones que se adjudican sin consentimiento, pozos que desaparecen de la memoria comunitaria, tuberías que son desviadas, pipas que salen como saqueadoras de lo que siempre perteneció al pueblo.
No es un conflicto de eficiencia, ni un ajuste administrativo: es la resistencia de una comunidad originaria frente a la maquinaria del poder que intenta imponer su ley, incluso cuando esa ley está escrita en papeles y tratados que el pueblo conoce mejor que los funcionarios.
El Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán ha dicho lo que muchos callan: que la autonomía no se negocia, que la autodeterminación no se consulta a medias, que el agua que corre por sus manos es un derecho primero y no un privilegio que pueda conceder o retirar un organismo del Estado.
Esta defensa no es simbólica ni decorativa; implica la recuperación de pozos, de sistemas eléctricos y de tuberías, la vigilancia de los mantos acuíferos, la resistencia frente a la represión, a los arrestos arbitrarios y a la tortura que ha sufrido Estela Hernández Jiménez, recientemente.
La lucha de Santiago Mexquititlán tiene memoria: recuerda a los ancestros, respeta los modos de organización propios, y exige que la ley reconozca lo que las palabras de los tratados y la Constitución ya garantizan. Es una lucha de vida y territorio, donde cada asamblea, cada acuerdo, cada maniobra para proteger el agua, es también un acto de justicia histórica.
Mientras los organismos del Estado siguen privilegiando a operadoras privadas y fracturando comunidades, los habitantes mantienen intacta la conciencia de que gobernar su agua significa gobernar su destino.
No es exagerado afirmar que la defensa del agua en Santiago Mexquititlán es un referente en Querétaro. No solo porque desafía las prácticas del poder, sino porque recuerda que los derechos de las comunidades originarias no son un adorno jurídico: son el fundamento de toda vida comunitaria.
El mensaje es claro: el agua es del pueblo y no del mal gobierno. El territorio es del pueblo y no del Estado. Y mientras Santiago Mexquititlán resista, mientras cada vecino, cada asamblea, cada voz colectiva insista en el cuidado de lo que es suyo, habrá una lección que el resto de Querétaro y de México no puede ignorar: la verdadera gobernanza no se impone desde oficinas, se practica desde la vida cotidiana, desde la resistencia y desde la justicia que no admite tregua.
