Fotografía: Laura Santos
«No somos delincuentes y nos han dejado sin nada», refirieron desalojados de La Cuadrilla, en el pueblo de Juriquilla, quienes aseguraron hay una campaña de desprestigio en su contra. Afirmaron, además, que muchas personas no tienen dónde quedarse y que algunas de ellas fueron sometidas con violencia, destruyendo sus casas en el operativo.
Esto luego de que en la madrugada de este miércoles, 15 de junio, se realizara un operativo por parte de elementos policiacos de los tres niveles de gobierno, en conjunto con personal del Poder Judicial del Estado, y que fue anunciado por parte de la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía.
Ante estos hechos, la sociedad en general reaccionó en favor de esta medida, influnciados por los medios corporativos de comunicación y el discurso de Guadalupe Murguía, quien en su declaración afirmó que estos terrenos pertenecían a la sociedad queretana y a profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Sin embargo, la UAQ emitió un comunicado en sus redes sociales, para informar que se deslindaban de dicho comentario, lo que generó dudas al respecto sobre la situación, pues los mismos habitantes mencionaron que incluso los compañeros que se trasladaron a terrenos propiedad del Instituto de la Vivienda en el Estado de Querétaro (IVEQ) eran gente cercana a Guadalupe Cruz Hernández, a quien acusaron de estafa y de saber del operativo sin decirles al resto, más que a su propia gente.
No es la primera ocasión que la versión oficial se contrapone a lo que manifestantes y personas en general, que se encuentran en el lugar de los hechos, son víctimas o se manifiestan, donde se recuerda la represión estatal el pasado 10 de junio, en el que autoridades aseveraron que los protestantes golpearon a policías y que la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHQ) estuvo presente, así como una supuesta comunicación con los familiares de detenidos, cuando no fue así.
«Estamos muy molestos con los comentarios que hacen los colonos de Juriquilla. No somos delincuentes. Estamos necesitados de un terreno, de expandirnos más, por nuestros hijos. Los delincuentes son allá (en la zona residencial de Juriquilla). Esos sí son narcos, delincuentes de cuello blanco. Esa es la diferencia», señaló una de las personas desalojadas para Proyecto Saltapatrás.
Reiteraron el señalamiento a Guadalupe Cruz Hernández como «una estafadora», a quien le compraron terrenos en hasta 12 mil pesos, además de otorgarles cuotas. Muchos de los habitantes pertenecen al pueblo de Juriquilla, por lo que también mencionaron que empezaron con conflictos en la zona con la llegada de las zonas residenciales y comerciales en los alrededores, quienes hasta les han reportado por la celebración de sus tradiciones religiosas, debido al ruido.
Asimismo, destacaron que han sido absorbidos por esta expansión urbanística, relegados por las autoridades en los temas de infraestructura vial en beneficio de este sector ciudadano de ingresos altos, quienes llegaron a invadir la zona en la que ellos ya se encontraban, motivo por el que piensan que el denominador común es la ocupación de los terrenos para un mayor crecimiento de estas dinámicas inmobiliarias en una zona considerada de gran impacto económico.
«Fue algo armado por los colonos y el gobierno, debieron soltar su buen dinero. Es la zona residencial. Lamentablemente estamos en este pueblito, como ratones, no tenemos a dónde hacernos. Tres caminos para entrar y salir. No tenemos salidas. No nos quieren aquí, pero tenemos años y años aquí. Ellos llegaron a destruir. Tiraron árboles y se hicieron de todo alrededor. Claro, tienen dinero», comentaron.
Solicitaron a la ciudadanía escuchar su versión de los hechos, pues los rumores sobre posesión de armas y trata de personas y menores de edad son acusaciones falsas, refiriendo que la mayoría de las personas que habitan el sitio son familias y personas de la tercera edad, donde no niegan que exista cierto consumo de sustancias tóxicas por parte de algunas personas en individual, pero no al nivel en el que se les quiere implicar.
Sobre las armas, mencionaron no saber nada al respecto, pues la zona no ha tenido mayores conflictos ni dinámicas ilegales, donde señalaron ha sido una manipulación mediática para legitimar la fuerza policial con apoyo de la ciudadanía: «nos están dejando sin nada. Mucha gente ahora no tiene ni dónde dormir hoy y estamos en eso. Hay muchas mentiras que dicen y nadie viene a escucharnos», concluyeron.
