Fotografía: Laura Santos
El Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro exigió a la Legislatura local avanzar en la homologación de la Ley Estatal de Movilidad con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en mayo de 2022.
A través de un comunicado, las organizaciones que integran el observatorio señalaron que han transcurrido más de tres años desde la promulgación de la ley federal, sin que el Congreso estatal cumpla con el mandato de reformar el marco normativo local en un plazo de 180 días, como lo establece el primer artículo transitorio.
La petición se dirige de manera específica a los diputados Enrique Correa Sada, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito; Mauricio Cárdenas Palacios, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; y Blanca Benítez Estrada, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género.
El Observatorio también recordó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un exhorto público el 3 de junio de 2025 durante la Conferencia del Pueblo, para que las once entidades pendientes —entre ellas Querétaro— concluyan el proceso de armonización legal.
En el mismo sentido, el Senado de la República emitió el pasado 30 de abril un punto de acuerdo, presentado por la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, dirigido a los congresos estatales que aún no han cumplido.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre mayo de 2022 y mayo de 2025 han fallecido 1,059 personas en hechos de tránsito en Querétaro. El observatorio afirmó que por cada homicidio doloso registrado en la entidad, dos personas han perdido la vida por hechos viales.
Las organizaciones señalaron que en las legislaturas LX y LXI se presentaron al menos dos propuestas de ley que no fueron dictaminadas ni sometidas a votación en comisiones.
En este contexto, reiteraron el llamado a que se retome la propuesta actual como base de discusión y se garantice el cumplimiento del mandato federal, con el objetivo de establecer normas que prioricen la seguridad de las personas en el espacio público.
