Fotografía: David Álvarez
Organizaciones ciudadanas y colectivos de movilidad solicitaron a los tres niveles de gobierno definir y hacer público un plan integral de conexión urbana vinculado al proyecto del Tren México–Querétaro, ante la ausencia de información sobre cómo se integrarán las estaciones ferroviarias con la red de transporte y movilidad local.
El Tren México–Querétaro representa una de las principales obras de transporte interurbano del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un proyecto coordinado que establezca los accesos, las rutas de conexión, ni los mecanismos de seguridad vial, accesibilidad y sostenibilidad ambiental que acompañarán su operación en el estado.
Los colectivos plantearon que la llegada del tren marca un punto de transformación en la movilidad regional y requiere una planeación anticipada para evitar conflictos viales y urbanos. Señalaron que la falta de previsión puede derivar en problemas de congestión, desigualdad en los modos de transporte y afectaciones a comunidades aledañas.
Entre las agrupaciones firmantes se encuentran Ciclismo Urbano Querétaro, Cycling Eye, El Sendero Estudio, Karem en Bici, Movilidad y Lectura, Netas Ciudadanas, Observatorio Ciudadano de Movilidad, Parlamento Abierto Ciudadano por Querétaro, Pedaleanda, QM21, Rodadas Épicas, Saca la Bici, Sistemas Vivos y Un Altavoz.
Las organizaciones consideraron viable ubicar la estación rápida en una zona céntrica de la ciudad, siempre que no se afecten las secciones del Parque Alcanfores. Propusieron garantizar accesos mediante transporte público y desarrollar instrumentos de gestión urbana que permitan aprovechar los beneficios económicos de manera colectiva.
También señalaron que el gobierno estatal debe asegurar que toda la nueva infraestructura, incluidas las obras de acceso a estaciones, zonas de demolición o rehabilitaciones viales como la Carretera Estatal 200, cumpla con la normativa en materia de seguridad vial.
En relación con la seguridad de los usuarios, los colectivos destacaron la necesidad de establecer accesos peatonales y ciclistas protegidos hacia las estaciones, a fin de evitar nuevos puntos de riesgo vial. Advirtieron que, si la planeación depende del uso del automóvil particular, se repetirán los problemas de congestión y siniestralidad observados en otros proyectos.
Mencionaron como ejemplo la ciclovía de la Carretera Estatal 200, cercana a la futura estación principal, donde la falta de coordinación entre obras puede poner en riesgo la continuidad de la infraestructura ciclista existente.
En el componente ambiental, los grupos ciudadanos señalaron que los trabajos de ampliación y limpieza del derecho de vía implican remoción de vegetación en diversos tramos. Afirmaron que, aunque las obras se realizan dentro de zonas federales autorizadas, aún no se ha presentado una estrategia de reposición o mitigación ambiental que garantice la conservación de la masa vegetal ni la compensación de emisiones.
Proponen incorporar medidas de infraestructura verde y programas de reforestación urbana que reduzcan los impactos ecológicos y fortalezcan la resiliencia ambiental en las zonas metropolitanas. Recordaron que en años recientes el municipio había planteado la recuperación de espacios ferroviarios y patios de maniobras como áreas verdes y parques lineales, lo cual podría mantenerse mediante instrumentos locales de gestión urbana.
En materia económica y social, las agrupaciones advirtieron que la llegada del tren puede generar un aumento en el valor del suelo y la actividad inmobiliaria en los alrededores de las estaciones. Sin una regulación clara, este proceso podría derivar en desplazamiento de habitantes y pérdida del tejido social existente.
Ante ello, insistieron en la necesidad de implementar mecanismos de captura de plusvalías y redistribución de beneficios, destinando recursos a vivienda asequible, equipamiento urbano y espacios públicos.
Los colectivos subrayaron que no se han publicado estudios locales de impacto urbano ni de movilidad vinculados al proyecto. Consideraron que la falta de coordinación intergubernamental puede traducirse en decisiones reactivas con costos económicos y sociales elevados.
Desde su perspectiva, la planeación anticipada es indispensable para garantizar accesos seguros para peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, prevenir incrementos en la siniestralidad vial, integrar las estaciones con los corredores de movilidad sustentable y evitar impactos ambientales no compensados.
De acuerdo con su planteamiento, contar con un plan maestro de movilidad multimodal permitiría aprovechar los beneficios del Tren México–Querétaro y reducir los riesgos asociados a su operación.
Las agrupaciones reiteraron que el proyecto puede contribuir al fortalecimiento del sistema de transporte sustentable en la región del Bajío, siempre que se base en previsión, transparencia y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Sostuvieron que las decisiones que se tomen en esta etapa definirán si la infraestructura ferroviaria se integra de manera equilibrada al desarrollo urbano y social de Querétaro.
