Fotografía: Laura Santos
La confianza en las instituciones de justicia en Querétaro es nula, acusa la activista y defensora de derechos humanos, Aleida Quintana, debido a que las mujeres evitan denunciar al ser revictimizadas y por los altos índices de impunidad; información que agrupaciones civiles y acompañantes de víctimas reconocen.
Esto luego de que Querétaro obtuvo el séptimo lugar nacional por lesiones dolosas contra las mujeres durante el primer semestre de este 2022, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reportó una tasa de 68.4 por cada 100 mil mujeres.
«Aunque Querétaro aparece en el séptimo lugar, que ya es preocupante, me siguen alarmando los índices de personas y mujeres en particular que no tienen confianza en las autoridades y no denuncian a sus agresores, que son los casos que recibimos organizaciones y personas acompañantes de casos. Se nos acercan con el temor de ir a Fiscalía porque les niegan la denuncia», informó.
La también integrante de T’ek’ei, grupo interdisciplinario por la equidad, refirió que la percepción que tienen las mujeres sobre el proceso de justicia que se realiza en el estado es el de impunidad, señalando la negativa de la Fiscalía a iniciar carpetas de investigación y a la no identificación del delito.
«No sabemos si lo hacen porque desconocen la problemática, no se tiene perspectiva de género o porque no quieren iniciar los procesos. Hay casos muy sonados que son tipificados como riña, como el de la mujer quemada por uno de sus familiares en La Cañada y que la denuncia inicial, sin perspectiva de género, la Fiscalía lo tipifica como riña».
Si bien, en este caso se logró la clasificación como intento de feminicidio, Quintana dio a conocer que hay otros casos similares donde no se le da el reconocimiento necesario a cada caso, una problemática grave, ya que la persona víctima de este tipo de violencia puede acceder a medidas de protección y protocolos específicos para salvaguardar su seguridad.
«Esta clasificación de riña es el no reconocimiento de la gravedad del proceso y de los derechos a los que la víctima puede acceder, pues se pueden integrar a medidas de protección con perspectiva de género, medidas integrales, que en su momento se les negó a esta familia y a la víctima directa por una mala clasificación».
Afirmó que este incremento de casos denunciados se vincula con una política de estado antiderechos al no reconocer la gravedad de lo que significa la violencia contra las mujeres y el impacto que tiene en la vida pública de Querétaro, al minimizas los casos haciéndolos pasar como un problema entre particulares y no como un problema de políticas públicas.
