Fotografía: Laura Santos
En una manifestación de repudio hacia las agresiones sufridas por periodistas que cubrían el desalojo de habitantes de El Nabo, periodistas de Querétaro se congregaron afuera del Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas, para leer públicamente un pronunciamiento. Este documento fue posteriormente entregado a la Secretaría de Gobierno.
Las agresiones, perpetradas durante la noche del sábado 11 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han generado una profunda preocupación en la comunidad periodística del estado. Tres reporteros fueron objeto de actos violentos mientras cumplían con su labor informativa, marcando un lamentable episodio que se suma a una serie de incidentes previos en los que periodistas han sido víctimas de agresiones físicas y verbales, mayormente a manos de elementos policiales municipales y estatales.
En el pronunciamiento, los periodistas expresaron su condena y preocupación ante este patrón recurrente de violencia, destacando que la libertad de expresión y el derecho a la información se ven constantemente amenazados en Querétaro. Se hizo hincapié en la existencia de una censura velada que limita la publicación de información que pudiera ir en contra de la imagen positiva del estado, resultando en agresiones y violencia contra los profesionales de la prensa.
La situación ha llevado a que 15 periodistas estén inscritos en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un indicativo del riesgo al que se enfrentan quienes buscan informar de manera objetiva en el estado. Cabe resaltar que México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, sumido en una crisis de violación a los derechos humanos que afecta gravemente a la sociedad en general.
Ante este panorama, los periodistas de Querétaro han formulado una serie de exigencias. En primer lugar, demandan garantías y respeto a la libertad de expresión, transparencia y acceso a la información, no solo en palabras, sino con acciones concretas y tangibles. Asimismo, solicitan sanciones a los funcionarios públicos y agentes del Estado responsables de las agresiones, junto con la reposición del equipo fotográfico dañado durante el desalojo. Además, piden la implementación de medidas para prevenir la repetición de estos hechos y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención.
Finalmente, se exige el avance en la Ley de Protección a Periodistas, una iniciativa presentada por la diputada Beatriz Marmolejo Rojas, la cual ha sido detenida en el ejecutivo estatal. Esta ley busca establecer medidas que protejan la integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo en un entorno cada vez más hostil. La exigencia refleja la necesidad de acciones concretas para salvaguardar la labor fundamental de la prensa en la sociedad queretana.
