Fotografía: Yahvéh Flores
Luego de días en la agenda pública y ante la negativa de activistas, asociaciones civiles y ciudadanía en general, fue aprobada la iniciativa de ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad, aprobada por mayoría panista y del partido Querétaro Independiente en el Congreso local con 16 votos.
Entre protestas desde la mañana, integrantes de la Legislatura llevaron a cabo sesión de pleno, donde discutieron acerca de la privatización del servicio, toda vez que hay inconformidad generalizada sobre esta cuestión, al contemplar el recurso hídrico como una mercancía, que beneficiará al sector privado y muy poco a la ciudadanía, como lo han indicado organizaciones como Bajo Tierra Museo del Agua.
Con esta iniciativa, propuesta durante el mes de marzo, se podrán otorgar concesiones por hasta 20 años y una prórroga del mismo periodo de ser posible. Asimismo, esta contempla que los municipios y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) podrán delegar este servicio y generar contratos de obra pública, prestación de servicios y de asociación público-privada.
Activistas e investigadores en la ciudad se han postulado en contra de esta medida, en la que solicitaron un parlamento abierto para que sean las y los expertos en el tema quienes aporten desde su práctica y conocimiento, soluciones más integrales al respecto, pues aunque la mayoría se muestra de acuerdo en una Ley de Aguas estatal, esta debe elaborarse y analizarse de una perspectiva de derechos humanos.
En un contexto de descontento social, y ante una crisis hídrica en el estado, continúa un proceso de privatización paulatino del vital líquido, el cual actúa con 22 operadoras privadas vinculadas a empresas inmobiliarias y que tiene afectaciones ecológicas en Querétaro, parte de la depredasión medioambiental y de un crecimiento urbano que aumenta la contaminación por agua residual.
