Habitantes de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, solicitaron una audiencia con el representate en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para la entrega de evidencia sobre las violaciones a los derechos humanos, de los que acusan a diversas autoridades en el estado.
De acuerdo a un comunicado de prensa, hacen responsables al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, así como a Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno. Asimismo señalan a Iován Pérez Hernández, secretario de Seguridad Ciudadanaa y a los presidentes municipales y policías municipales de San Juan del Río, Corregidora y Huimilpan.
Por ello, presentarán las evidencias de dichas violaciones, además de anunciar que estarán a la espera del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU para hacer de su conocimiento la situación de familiares detenidos, de quienes dijeron fueron víctimas de tortura.
«Recordamos que en Querétaro si se cometen violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos como son los casos de Jacinta Francisco Marcial y Concepción Moreno Arteaga “Doña Conchi”, víctimas de la represión policial del 10 de junio de 2022, represión enmarcada en la lucha contra la privatización del agua, por mencionar sólo dos casos».
En el documento recordaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso, en respuesta a la solicitud de los habitantes de Escolásticas, «al advertir una multiplicidad de presuntos derechos humanos vulnerados en agravio de un número indeterminado de personas con motivo de la participación importante del Estado».
«Queremos ser claros, esto fue gracias a los testimonios de la violencia desmedida que usaron los agentes policiacos, con orden expresa de sus jefes, en contra de nuestros presos y de una parte importante de nuestra comunidad. Es gracias a que demostramos que la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro no realizó su trabajo de proteger los DH, no sólo fue omisa, sino incluso cómplice del gobierno de Querétaro».
