Fotografía: David Álvarez
Abrir las puertas a Madres Buscadoras significa evidenciar la inoperancia y omisión frente a las desapariciones por parte de las autoridades de Querétaro, refirió Olga Elizabeth Lucio Hueta, integrante de Lúminas Centro de Derechos Humanos AC, quien añadió que hubo una violación grave a los derechos humanos del colectivo Búsqueda Nacional en vida.
Esto luego de que el pasado 21 de agosto madres y padres buscadores se manifestaran a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en exigencia de acceder a la Semefo y el Cereso para proseguir con su búsqueda ante la negativa de las autoridades estatales, colocando un plantón el cual sería violentado por cerca de 70 funcionarios de esta dependencia, durante la noche.
«Creo que se cierran a la trasparencia de sus procesos porque muchas veces no cuentan con protocolos internos de sistematización de información de todos y cada uno de los casos de personas desaparecidas. Hay miles de cuerpos en fosas comunes sin identificar porque las fiscalías no cuentan con procesos eficaces para su identificación. Abrirle las puertas a las víctimas les significa evidenciar su inoperancia y omisión frente al crimen».
Lucio Huerta afirmó que la acción, inacción, omisión y colusión de las fiscalías y del estado significan una violación grave a los derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familias, en cuyos derechos se les ha desprotegido y violentado en sus ejercicios al derecho a la información.
«Significa la violación a su Derecho al trato digno, Derecho a la integridad y seguridad personal, Derecho a la legalidad y el Derecho al acceso a la justicia. Es obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la estatal (Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro) emitir recomendaciones al respecto. Además deben activarse los protocolos de protección a defensores de derechos humanos».
Asimismo, sobre los eventos del 21 de agosto señaló que estos hablan de un sistema de impartición de justicia que revictimiza y viola los derechos humanos de las víctimas, en una constante criminalización de las familias que buscan a sus familiares, en cuyo estado, Querétaro, afirmaron encontrar muchas trabas institucionales.
Ante ello, declaró Lucio Huerta, el estado debe buscar coadyuvar con las Madres Buscadoras, pues es evidente que esta problemática supera las capacidades de las fiscalías en el país, además de indicar que las dependencias de seguridad deben entender que las víctimas no son enemigas, sino aliadas para la resolución de esta problemática.
«Colectivos como el de Búsqueda se han convertido en defensores de DDHH que bajo la experiencia se han especializado en la búsqueda de personas. La fiscalía debe dejar de ver a las víctimas como enemigos y verles como aliados en la lucha contra la desaparición, no es suficiente con que en algunos estados se les faciliten palas y picos para buscar a sus hijos en fosas, el estado debe garantizar el derecho de todas y cada una de las familias víctimas a la reparación, justicia y no repetición».
