Fotografía: Laura Santos
Darla Anguiano, directora del Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI), ha expresado su preocupación por la creciente crisis humanitaria que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en México.
Anguiano destacó que no existe una estimación precisa del gobierno mexicano sobre la cantidad de personas varadas en las fronteras norte y sur del país actualmente. La falta de datos precisos es particularmente inquietante debido a la presencia de niños, niñas y adolescentes.
La situación es crítica en varias zonas, como Ciudad Juárez, Tapachula y la frontera con Guatemala, donde las personas están esperando citas del CBP One para iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de activistas y organizaciones de la sociedad civil que operan albergues humanitarios, la capacidad de atención está siendo superada.
«Hay activistas y colectivos, como algunas organizaciones de la sociedad civil que cuentan con albergues que atienden de manera humanitaria a las personas migrantes y refugiadas en su máxima capacidad de atención», indicó.
Darla Anguiano informó que se estima que alrededor de 2,400 personas están esperando citas con autoridades migratorias para regularizar su situación en México en la frontera norte. Además, más de 5,000 personas están viviendo en condiciones precarias en casas rentadas, edificaciones abandonadas y en situación de calle, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos.
Datos de la Patrulla Fronteriza indican un incremento del 31% en los cruces ilegales en septiembre, con un promedio de 1,071 personas diariamente, lo que suma 23,500 personas hasta la fecha.
Esta situación es especialmente relevante debido a que, en comparación con agosto, los cruces ilegales se han incrementado, con una cifra de 25,236 casos en agosto y 814 cruces ilegales diarios. A pesar de esta afluencia, la situación de las personas migrantes y refugiadas no está siendo adecuadamente documentada ni priorizada en las políticas migratorias.
En la frontera sur, se estima que entre 90,000 y 100,000 personas están varadas debido a la expiración del título 42 y el control del CBP One por parte de las autoridades estadounidenses. Esta situación viola los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Los albergues están desbordados, y las personas tienen que prolongar sus estancias debido a las largas esperas para obtener citas del CBP One, que pueden variar de 30 días a tres meses.
La falta de atención y documentación adecuada de esta crisis humanitaria pone en peligro a miles de personas migrantes y refugiadas que buscan una vida mejor en Estados Unidos. La situación requiere de una acción inmediata y coordinada por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, así como de organizaciones humanitarias y la sociedad en general.
