Fotografía: David Álvarez
Organizaciones civiles en Querétaro han levantado la voz ante las iniciativas de ley en curso en el Congreso de la República, advirtiendo que podrían no abordar de manera efectiva la crisis hídrica que enfrenta México.
El 13 de febrero, siete diputados del Partido de Acción Nacional (PAN) presentaron una propuesta de «Ley General de Acceso al Agua», una medida que, de acuerdo a las organizaciones, podría mantener intacta la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y no resolver los problemas de sobreconcesionamiento y acaparamiento del recurso.
Mientras tanto, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado está evaluando otra iniciativa de Ley General de Aguas, presentada por la senadora Gloria Sánchez, que supuestamente está alineada con los 12 Consensos por el Agua recogidos en la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA). Esta última, redactada por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida en 2013, busca abordar la crisis hídrica mediante la participación ciudadana y un enfoque de derechos humanos.
Desde la reforma del artículo 4 constitucional en 2012, que reconoció el acceso al agua como un derecho humano en México, se ha demandado una actualización de la regulación hídrica nacional para asegurar un acceso universal al vital líquido. Sin embargo, las iniciativas de ley presentadas en los últimos años han sido criticadas por no atender adecuadamente esta problemática.
La Contraloría Ciudadana por el derecho humano al agua de Querétaro, en línea con la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, ha rechazado estas propuestas legislativas, argumentando que podrían mantener el modelo que ha contribuido a la crisis hídrica que afecta a los sectores más vulnerables del país.
En respuesta, las organizaciones civiles hicieron un llamado a la sociedad para informarse y participar en la discusión sobre la Ley General de Aguas, con el objetivo de buscar soluciones que garanticen una gestión integral del agua, en consonancia con las necesidades socioecológicas y el contexto de emergencia climática.
El debate sobre la legislación del agua en México continúa en desarrollo, y la participación activa de la sociedad civil se presenta como crucial para asegurar que las leyes promulgadas aborden de manera efectiva los desafíos actuales en torno al recurso hídrico.
