Fotografía: César Gómez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la votación sobre la sentencia relacionada con la llamada «Ley de Concesiones» de Querétaro. Organizaciones defensoras del agua cuestionaron al Congreso local por la aprobación de una reforma a dicha ley, en fast track, un día antes de que se esperara la emisión de la sentencia.
En una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la SCJN, en la Ciudad de México, representantes de estas organizaciones expresaron su preocupación por lo que consideran una vulneración de los derechos humanos al agua y saneamiento.
Integrantes de Bajo Tierra Museo del Agua, explicaron que la reforma a la ley fue aprobada en un lapso de tan solo 72 horas, sin la participación ciudadana necesaria. Esta reforma, que aborda parcialmente las omisiones confirmadas en el proyecto de sentencia, ha sido motivo de críticas por parte de las organizaciones sociales, quienes han denunciado la falta de transparencia y participación en su elaboración.
«Hace una semana, luego de que se hiciera público el proyecto de sentencia y se programara la sesión este 10 de abril, el Congreso local dictaminó una iniciativa de reforma a la actual ley, que es la ley controvertida en el juicio de amparo. Entre el dictamen en comisiones, la aprobación en pleno y su publicación por el ejecutivo pasaron únicamente 5 días, publicandose en el periódico oficial un día antes de la votación de la sentencia que propone abrogarla».
Por su parte, Nosotrxs Querétaro, señaló que la reforma propuesta sigue la misma línea que la controvertida ley de privatización de 2022. «Estamos muy preocupados porque esta participación no depende de que nos abran las puertas en instituciones, sino que lo hacemos con alegría, activando los mecanismos democráticos».
Las organizaciones defensoras del agua han recordado que diversas solicitudes ciudadanas de Parlamento Abierto fueron ignoradas en el proceso de elaboración de la ley original, lo que generó controversia sobre su contenido y su potencial vulneración de los derechos humanos.
Ante este escenario, varias organizaciones y ciudadanos interpusieron juicios de amparo individuales y colectivos, los cuales se encuentran en espera de resolución por parte de la SCJN.
En el Congreso de Querétaro, con 18 votos a favor, 5 en contra y la inasistencia del diputado Ricardo Astudillo Suárez, se aprobó el dictamen de la reforma a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.
Dicha iniciativa establece, entre otros preceptos, la garantía de la distribución y suministro de al menos 50 litros diarios por persona, según las normas internacionales, en caso de que exista una declaratoria de Escasez del vital líquido.
Durante la discusión, los diputados Andrea Tovar Saavedra y Armando Sinecio Leyva argumentaron en contra de la ley, señalando que no garantiza el suministro equitativo del agua y podría favorecer a grandes industrias. Por otro lado, Manuel Pozo Cabrera y Enrique Correa Sada defendieron la aprobación, destacando que se busca garantizar el derecho humano al agua y que se deben tomar acciones inmediatas para enfrentar la crisis nacional de estrés hídrico.
