Fotografía: Laura Santos
En Querétaro hay un acaparamiento histórico del agua, realizado por grupos empresariales y gubernamentales, principalmente por sectores inmobiliarios y desarrollistas, así como una distribución selectiva, señaló la activista y abogada por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Claudia Romero.
La también integrante de Bajo Tierra Museo del Agua, explicó que este panorama en la entidad ha sido estudiado académicamente, añadiendo que hay zonas, tipo residenciales o de plazas comerciales, donde el agua no falta, y otras donde su escasez es continua.
«Y por otro lado tenemos un Querétaro con manejo privado del servicio de agua potable, que ya se venía haciendo y con la Ley de Concesiones se formaliza, en esta retórica de ordenar y regular, y que es algo que desde los noventa sucede en Querétaro».
Esto durante un encuentro en el auditorio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), convocada por las asociaciones Redes del Agua; Cántaro Azul; Nosotrxs Querétaro, el Programa Universitario de Derechos Humanos UAQ y Bajo Tierra Museo del Agua, bajo el título de «El papel de las leyes para alcanzar justicia hídrica».
Romero añadió que es importante el trabajo en términos jurídicos al respecto, como una herramienta para proteger al vital líquido, por lo que comentó que se debe unir la visión del agua a la lógica de derechos humanos, la cual es interdependiente.
«Hemos visto que en algunas discusiones sobre la ley general de aguas, es que se puede hacer una de agua y otra de derechos humanos, como si estuvieran separadas. Pero lo que tiene la recién aprobada ley de concesiones es que habla de cómo se distribuye, pero no de las fuentes de agua y su conservación».
En su intervención, Fernando Romero, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refirió que la ley de concesiones aprobada en Querétaro violenta el orden jurídico, por lo que una de las medidas, además de la movilización social, son las medidas jurídicas, es decir, llevar el caso a los tribunales federales.
«Un recurso que se prevé en la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. Es decir, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que estudie una norma y determina si esta violenta la Constitución para que la expulse del orden jurídico, que declare que la ley no se puede aplicar».
Explicó que hubo un común acuerdo entre instituciones locales y federales para no declarar inconstitucional dicha ley, detallando que se solicitó hablar con las autoridades competentes sin ser escuchados al respecto, señalándolo como grave al perder un recurso importante en defensa del agua.
Por su parte, Miguel Cardozo, abogado del despacho jurídico Vega y Asociados, y ante el agotamiento de la inconstitucionalidad, mencionó que actualmente se encuentran tres amparos en contra de la Ley de Concesiones, una por Cántaro Azul, otra a nombre de tres personas defensoras de derechos humanos y la última a nombre de una persona proveniente del barrio de San Francisquito.
«Ellos tres tienen un interés legítimo para promover este juicio de amparo indirecto en contra de la ley, demandas interpuestas a finales de agosto y admitidas, con fecha de audiencia a celebrarse en septiembre», agregando que en el caso de Cántaro Azul se impugnó la totalidad de la ley.
Asimismo, dio a conocer que en los casos de las otras dos demandas de amparo se tuvieron inconvenientes con el juez de distrito por una visión tradicionalista al no entender la noción del sistema normativo. «Algún juez nos requirió que señaláramos si esa persona carecía del agua, porque no concebían que alguien reclamara la inconstitucionalidad de la ley, pues ellos consideraban las afectaciones personales».
«Como argumentos en las tres demandas de amparo, el principal es la privatización del agua. Pero no solo se trata de eso, sino las consecuencias que derivan de la privatización. Si uno analiza los 206 artículos de la ley, la mayoría se refiere a una relación comercial, y no hay alguno que considere que ayudará al derecho humano o considere garantías de las personas usuarias».
