Fotografía: Laura Santos
En la mañana de este 22 de abril, en Plaza de Armas, la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) realizó un pronunciamiento público en el que interpeló la recomendación emitida desde la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDQH) por las violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades contra las personas manifestantes el 10 de junio de 2022.
En dicha recomendación, (254) 1/2023, DDQH reconoce que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno, pertenecientes al Poder Ejecutivo Estatal, violaron los derechos humanos a la reunión pacífica, libertad e integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas en ejercicio de su derecho a la protesta.
No obstante, para los integrantes de REDAVI este reconocimiento de responsabilidad es parcializado al no pronunciarse sobre las violaciones en que incurrió la Fiscalía General del Estado de Querétaro quien inició tres carpetas de investigación contra tres de los manifestantes por los delitos ‘contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte’ y ‘desobediencia y resistencia de particulares’. Sostienen que la vía de la judicialización es algo que posibilita desarticulación de los movimientos sociales.
“Hay que analizarlo desde el punto de vista que al Estado no le conviene ser un cínico violador de derechos humanos. Estas recomendaciones están diciendo reconocemos que, en el momento de la represión muy directa, no actuaron bien, pero están omitiendo justo otros procesos que son parte de la política represora del Estado. Y justo por eso, es tan escueta y limitada. No estamos de acuerdo porque si una defensoría no está evaluando toda esa política represora, que es sistemática, no está haciendo nada para garantizar nuestros derechos humanos”.
Puntualizaron también que, el referido documento tampoco contempla una perspectiva de enfoque diferenciado de derechos humanos, puesto que invalidan las identidades y condiciones de las personas presentes en el momento de la represión como lo son: mujeres, indígenas, niños, adultos mayores; y tergiversan los hechos que integran las violaciones.
Finalmente, señalaron que estarán atentos a los próximos 15 días para conocer la respuesta de las instancias gubernamentales a la recomendación. “Le recordamos a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha documentado el caso y Front Line Defenders se sumaron al llamado por nuestra protección”.
