Fotografía: Laura Santos
CIUDAD DE MÉXICO (saltapatras.online).– En las ciudades se habita, se trabaja, se está. Pero la habitamos, trabajamos y recorremos de maneras y desde condiciones distintas, tales como nuestro nivel socioeconómico, género, origen étnico, si somos o no hablantes de lenguas indígenas, color de piel, edad, territorio, discapacidad y estatus migratorio, entre otros. Ese transitar la ciudad, que también es vivirla, implica una serie de dinámicas sociales y materiales que complejizan nuestra relación con el propio espacio, el medio ambiente y otras personas. Desde este ángulo de visión panorámica podemos generar aproximaciones a la movilidad, comprendiéndola como un derecho humano, y no como un mero símil de transporte.
La movilidad ha sido definida como una actividad que involucra el desplazamiento de personas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de locomoción o mediante algún tipo de transporte. Sin embargo, esta categoría ha sido abordada desde diferentes disciplinas de estudio, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que han señalado la necesidad de hacer un lugar en la discusión pública para problematizarla desde un enfoque de derechos humanos y, recientemente, también con perspectiva de género (en adelante PEG). De este ejercicio mayéutico nació el concepto de movilidad sostenible.
En la actualidad, algunos ordenamientos jurídicos contemplan la sostenibilidad a partir de elementos mínimos dignos. Hablamos de condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Que, a su vez, prioricen a todos los actores no motorizados como peatones, ciclistas, personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria. Así, el enfoque de respeto a los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía es acorde al paradigma vigente de derechos humanos que busca la protección más amplia para todas las personas y la biodiversidad, con fines como la convivencia y bienestar colectivo.
De ahí que, si queremos ubicar qué tan sostenible es en la actualidad la movilidad, un primer dictamen partiría de preguntarnos si cumple con calidad de aire razonable; condiciones e infraestructura segura para desplazarse en bicicleta o caminar; si existe segregación de los vehículos particulares; implementación de tecnologías, pero también si contemplan un modelo social de la discapacidad; políticas afirmativas para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; si persiguen mayor accesibilidad, disminución de costos, entornos seguros y cómodos para todas las personas.
Lo siguiente sería remitirnos a las cifras existentes que posibiliten dimensionar factores sistémicos de la movilidad. De acuerdo con información del Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, hasta el 31 de marzo de 2023, se contabilizó una afluencia diaria promedio de 12,615,083 millones de personas. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, contabilizó, hasta 2021, un promedio de 191.4 autos y motos por cada unidad de transporte público: 5,571,627 de automóviles y sólo 31,946 camiones de pasajeros, además, es el estado con más vehículos por hogar (2), tendencia que sigue en aumento.
En el caso de otras entidades la constante titánica de desproporcionalidad entre automóvil y transporte público permanece. En Querétaro: 546,537 contra 3,727 unidades; en Jalisco: 2,454,890 contra 12,260; Nuevo León: 1,920,041 contra 13,824. Si tomamos el ejemplo de Querétaro, y ponderamos el total de vehículos con el promedio de pasajeros de transporte público, 35 personas, que señala el Instituto Mexicano del Transporte, veríamos que sólo se requieren 15,615 camiones de pasajeros para mover 1,920,041 personas.
En un artículo reciente, el profesor Roberto Gargarella, señaló que, “el error (especialmente común en la izquierda) es confundir voto con democracia y, por tanto, “más democracia” con “más oportunidades para votar por más cosas”. Esta reflexión es sumamente pertinente, para determinar a qué le estamos denominando democracia y con qué tazamos qué tan democráticos somos. Evidencia que, el sufragio no es hoy día el factor categórico de representatividad, reconocimiento y participación política, sino que existen otros denominadores relevantes que se han exceptuado o colocado en un papel secundario como la redistribución de la riqueza, la revisión e implementación equitativa de las obligaciones fiscales, el acceso a la justicia y, por qué no, qué tanto se materializa la movilidad sostenible.
Tras este boceto, quisiera centrarme en uno de los pilares de la movilidad sostenible que es la PEG. El giro de la movilidad como se le ha nombrado a la inclusión de esta perspectiva, “implica analizar cómo los roles de género influyen en el uso y disfrute de nuestras ciudades. Y cómo el género y su intersección con otras características, como la edad, el origen, el nivel de ingresos, las capacidades, el tipo de unidad de convivencia, barrio o población donde se vive, condiciona y determina las opciones de movilidad de las personas”.
Lo anterior, debido a que los territorios como la urbe no son espacios ajenos ni neutrales de los sistemas de opresiones, como la desigualdad de género. En cambio, “se circunscriben en el espacio-tiempo de un entramado de relaciones donde el espacio social construido a partir de los dominios y las jerarquías del género define tanto sus actividades, como los usos del tiempo y los territorios físicos de sus desplazamientos. Estas dimensiones median y condicionan la movilidad de las personas, especialmente de las mujeres, determinando sus oportunidades de trasladarse en tiempo y forma, así como en sus márgenes de autonomía física, económica y política”.
En este sentido, pensar a las mujeres y personas disidentes del género en el contexto de la movilidad conlleva a considerar sus experiencias cotidianas. Una primera pregunta sería ¿por qué motivos viajan las mujeres? Conforme al escrutinio estadístico del Plan Estratégico de Género y Movilidad para la Ciudad de México, 2019, se demuestra que las mujeres, mayoritariamente, viajan para desempeñar una labor de cuidados, también conocidos como ‘viajes de cuidado’: 19.3% frente al 3.5 % de los hombres; para ir a estudiar 11% vs. 12.9%, y trabajar 15.8 vs. 28.9%, respectivamente.
Particularizando el tema de los viajes de cuidado, encontramos la llamada movilidad poligonal, esto es porque no viajamos solas de un punto a otro, sino que viajamos con niños, adultos mayores, enfermos, y viajamos cargadas: bolsas, el mandado, carriola, por aludir algunos ejemplos.
Las anteriores brechas sociales, la inequitativa distribución de los cuidados y la división sexual del trabajo se recrudecen en coyunturas como las de América Latina y México con altos índices delictivos de violencia de género, familiar, sexual y feminicida. En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, las mujeres representan el mayor porcentaje de las personas que caminan y que van en transporte público, lo que las convierte en poblaciones que se encuentran en riesgo latente todo el tiempo, tanto en el espacio público como el privado, lo que limita sus posibilidades de desplazarse con seguridad, libertad y comodidad.
Entonces, ¿qué condiciones de posibilidad podrían encaminarnos hacia una movilidad con PEG? De entrada, tendría que haber un proceso de diálogo, una escucha de las experiencias de las y los usuarios en la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas sobre la movilidad y género.
En segundo lugar, los diagnósticos de las necesidades y patrones de viaje de las mujeres. En tercero, la inversión en infraestructura y creación de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de este sector de la población. Cuarto, la cooperación interinstitucional para atender a esta problemática desde un enfoque transversal de derechos humanos. Me refiero a que la movilidad sostenible se relaciona con otros derechos como la educación, el empleo, el acceso a la cultura, a los derechos sexuales y reproductivos, a la justicia, derecho al espacio público, a un medioambiente sano, a la paz.
Empero, es necesario considerar que este es un problema complejo, estructural, que requiere echar mano de la teoría feminista y las contribuciones que esta ha realizado al marco internacional de los derechos humanos como lo es la PEG. Mientras las mujeres tengan salarios menores por el mismo trabajo respecto de los hombres; sigan absorbiendo el grueso del trabajo no remunerado o los sistemas de cuidados, y existan mecanismos institucionales deficientes para erradicar la violencia de todo tipo en contra de nosotras los sistemas de movilidad perpetuarán esa lógica: serán espacios donde se violente nuestra integridad y derechos humanos.
