Fotografía: Movimiento No Al Basurero
Desde el mes de febrero del presente año, el gobierno municipal de Córdoba, Veracruz, anunció la construcción del Centro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. El proyecto fue presentado por las autoridades como la solución al problema de basura que tiene Córdoba al captar 200 toneladas al día.
Funcionarios de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Servicios Municipales y Ecología, y Medio Ambiente de este ayuntamiento anunciaron en diferentes espacios las “bondades” del proyecto como la disminución del gasto público en el traslado de los residuos; el cual representa cuatro millones de pesos mensuales.
Asimismo, indicaron que los casi 50 millones anuales que se destinan al transporte de basura serían invertidos en servicios públicos y programas sociales. No obstante, los habitantes de las colonias aledañas al sitio indicado para la construcción se opusieron tenazmente, razón por la que las autoridades decidieron buscar una nueva ubicación.
Semanas más tarde, el 13 de abril, el presidente municipal de Córdoba, Juan Martínez Flores, declaró ante medios de comunicación el inicio del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en el Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Esta vez el lugar elegido fue un predio de la col. San Miguelito, ubicado a escasos metros de la población de este municipio.
“Los compañeros de la col. de San Francisco comenzaron a ver la llegada de la maquinaria y el inicio de nivelación del terreno. Debido a esto, la comunidad se empezó a movilizar. Se trató de hablar con el alcalde de Amatlán, pero nos dijo que no tenía conocimiento del proyecto. Ante la situación, con inconformidad por la desinformación, decidimos movilizarnos y poner un campamento permanente las 24 horas del día en el predio donde se colocó esta maquinaria y frente al Palacio Municipal”.
Esto comentó para Saltapatrás Amairany Mora, de la comunidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz, activista y miembro de diversos colectivos en defensa del territorio, derechos humanos y del Congreso Nacional Indígena, de esta entidad.
“Desde ese día comenzamos a buscar el diálogo con las autoridades y a organizarnos con los compañeros del comité para invitar al pueblo a unirse a la movilización No al Basurero. Ingresamos oficios con el apoyo de algunas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, principalmente, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, (LAVIDA)”.
La reacción del gobierno municipal de Amatlán de los Reyes a la protesta pública, plantones y movilizaciones de los vecinos fue de 12 denuncias a distintas personas integrantes de la oposición al proyecto, notificadas el 13 de mayo, por la Fiscalía Amatlán de los Reyes.
La activista ambiental indicó que los cargos colocados a las y los compañeros son un signo de criminalización de la protesta y una violación a sus derechos de ejercicio de la libertad de expresión, protesta, acceso a la información y la transparencia pública a la cual están obligadas las autoridades.
Dichos eventos sólo lograron exponenciar la organización y fuerza del movimiento que continuó con los actos de protesta, plantón, recolección de firmas, bloqueo de principales vialidades y pronunciamientos públicos. Sin embargo, no fue hasta el 22 de mayo que las autoridades accedieron a concertar una reunión.
“Fue una cita muy imprevista con el Procurador del Medio Ambiente y el director de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad; fue convocada justo un día antes, por lo que sólo pudo asistir una comitiva en representación de las organizaciones de Amatlán y de Córdoba. Señalamos que no queríamos el centro de transferencia de residuos en ese lugar, que no estábamos en contra del proyecto como tal, sino del lugar designado para su construcción”.
Las principales preocupaciones y argumentos manifestadas por el movimiento fueron: la contaminación del agua y los mantos freáticos, puesto que se encuentra muy cerca del pozo que abastece la cabecera municipal y pozos artesianos que nutren a las comunidades aledañas; la afectación a la salud de los habitantes, el daño a la tierra y la violación a los derechos a un medio ambiente sano y digno.
“Además de todo esto, consultamos en la plataforma de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), con la ubicación que tiene el predio la plataforma remite que no es un lugar apto para su construcción. Es preocupante que piensen en la construcción de un centro de residuos, un basurero de esas dimensiones, a 111 metros en línea recta de la Colonia San Francisco y a 276 metros del COBAEV 47”.
“Externamos nuestra preocupación a los medios de comunicación y a las autoridades por la situación de falta de información, de rendición de estudios de impacto ambiental o los estudios técnicos correspondientes. No han buscado un sitio lejano a las poblaciones, que no nos afecte”.
El 31 de mayo, las organizaciones y representantes de la comunidad lograron concertar un primer acercamiento para dialogar. En el que se expusieron las inconformidades frente a las que el Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes se comprometió a retirar las denuncias interpuestas en contra del movimiento y generar acciones conjuntas con el movimiento por la reubicación del Centro de Transferencia y el manejo adecuado de residuos. A su vez, el pueblo organizado de Amatlán «No al Basurero», liberó el campamento instalado en el Palacio municipal.
Finalmente, el pasado 2 de junio del presente, LAVIDA emitió un comunicado por medio de sus redes sociales en el que indicó que el Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes retiró las denuncias y, por tanto, el movimiento sostenía los acuerdos realizados el 31 de mayo. Esto sin exceptuar un llamamiento a la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz y a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz para reubicar el proyecto e involucrar de manera activa la participación ciudadana en el manejo de residuos.
Indicaron que seguirán vigilantes del cumplimiento de los acuerdos y en la lucha permanente de la defensa de sus territorios y la vida.
