Fotografía: Laura Santos
Desde marzo de 2021 hasta la actualidad, se han registrado al menos ocho instancias de represión en Querétaro contra personas comprometidas en la defensa de los recursos naturales, ya sea el agua, los bosques o la tierra. Entre los incidentes identificados, se han documentado agresiones físicas, detenciones y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Los hechos acontecidos en el territorio queretano se han concentrado en la capital, pero también se han presentado en municipios como Cadereyta, Amealco y Pedro Escobedo, y en su mayoría tienen relación con la defensa del agua, principalmente por personas habitantes de las zonas aledañas de donde se extraen los recursos.
El primer caso documentado por Bajo Tierra Museo del Agua y Proyecto Saltapatrás sucedió en la comunidad de Santiago Mexquititán el 31 de marzo de 2021, cuando los pobladores se manifestaron en contra de la extracción del agua del pozo que la comunidad construyó. La Comisión Estatal de Aguas (CEA) intervino, mientras que los habitantes denunciaron haber sufrido intimidaciones y amenazas con disparos al aire. Hubo personas detenidas por las autoridades estatales debido a esta situación.
El 10 de junio de 2022, ya cuando el titular del poder ejecutivo era el actual gobernador del estado, Mauricio Kuri González, personas manifestantes en contra de la llamada Ley de Concesiones bloquearon la avenida 5 de Febrero en la capital queretana y fueron reprimidas por parte de las autoridades. Al menos tres de los manifestantes fueron detenidos y mantenidos sin comunicación durante horas. La ley aprobada permite el suministro del servicio de abastecimiento del agua a agentes privados, cuestión que Kuri González aseguró sólo se trataba de regular, puesto que era algo que ya sucedía.
Con visible uso desproporcionado de la fuerza, cuerpos de granaderos reprimieron la protesta que fue documentada en videos. Tras las detenciones, la sociedad civil manifestó su solidaridad y empatía, y aunque los procesos legales continuaron, horas después, los detenidos fueron puestos en libertad.
También durante la adminsitración del gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN), el 8 de junio de 2023, ejidatarios de Ajuchitlancito, en el municipio de Pedro Escobedo, fueron desalojados de manera violenta, luego de que se manifestaron con el cierre de la Carretera 57 en protesta.
El 13 de junio de 2023, habitantes de la comunidad de Escolásticas, Pedro Escobedo, fueron reprimidos por la Policía Estatal (POES) y del municipio de Pedro Escobedo, así como del agrupamiento de granaderos, deteniendo a once personas. Los habitantes de la comunidad defendían su acceso a los manantiales ubicados en un terreno ejidal cuya propiedad aún se encuentra en disputa, pero que contiene árboles de alto valor ecológico por su antigüedad y características, además de que representa un espacio de tradición, arraigo y convivencia para la comunidad.
El 2 de octubre de 2023, habitantes de la localidad de Maconí, en Cadereyta, fueron reprimidos por haberse manifestado en exigencia del agua, luego de reclamar la falta de compromisos del gobierno queretano para el abastecimiento del vital líquido. La manifestación surgió tras el incumplimiento de los compromisos asumidos por los distintos gobiernos estatales que desde hace casi dos décadas no han garantizado el abastecimiento del agua para la comunidad, en la que se ubican las instalaciones del Acueducto II, el sistema de distribución que provee de agua, principalmente a la capital queretana.
Luego de la represión en la que, según los testimonios y las imágenes que documentaron el hecho, participaron autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluido el ejército, los habitantes de la comunidad iniciaron una marcha hacia la capital que derivó en un plantón hasta que lograron llegar a acuerdos con las autoridades estatales.
También en 2023, dos personas fueron amenazadas o agredidas por oponerse a la tala de árboles o por tratar de difundir información sobre la situación del agua, se trata de Pedro Reyes Narciso y Víctor García, agredido por repartir volantes sobre la situación del agua en San Isidro en abril de 2023.
En enero de 2022, a sólo unos meses de haber asumido el cargo de gobernador, Mauricio Kuri González anunció una inversión de 4 mil millones de pesos en seguridad, con una pomposa presentación sobre el equipamiento de último modelo y los programas de capacitación para los elementos de la POES. El mandatario estatal también anunció los recursos que posteriormente se destinarían para la represión de ciudadanos que buscaran preservar recursos naturales y garantizar derechos humanos en la entidad.
En septiembre de este 2023, la organización Amnistía Internacional señaló que “en México, el derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para exigir el respeto a sus derechos, incluyendo la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas, al medio ambiente sano, la información y la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros. Sin embargo, la criminalización de la protesta es utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
