Por: Laura Santos
Fotografía: Marcela Villela
8 de marzo del 2021. El calor era abrumador, pero descendió a lo largo de la tarde mientras recorrimos Av. Prolongación Corregidora Norte. Mis amigas y yo llegamos cuando la Fiscalía Especializada en la Investigación y persecución del Delito de Feminicidio había sido redecorada por las compañeras feministas. Por sus paredes se atiborran denuncias y nombres de agresores en grafitis y stencils de todos los colores. Recuerdo haber leído «La fiscalía no me cuida, me cuidan mis amigas».
De ese día tengo una imagen fija: el fuego que crecía rápida y resplandecientemente en el interior de las oficinas y se asomaba por las ventanas rotas. Adentro aún había algunas compañeras. Contemplamos la escena, nos acercamos y formamos parte de ella. Súbitamente, nuestra asonada fue interrumpida por las sirenas de varias patrullas que se escuchaban cada vez más cerca. Cientos de nosotras empezamos a dispersarnos en distintas direcciones.
Aproximadamente a las 8 de la noche de ese mismo día apareció un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En él se pronunciaban al respecto de tres situaciones. En primer lugar, lamentaban y enumeraban los daños causados a las instalaciones; en segundo lugar, reconocían el derecho a la protesta sobre todo de aquellas manifestaciones que buscaban reivindicar la seguridad, dignidad e igualdad de las mujeres. Por último, se daba a conocer que los documentos que hubiesen sido dañados tenían su respaldo en el Sistema Informático Único (SIU).
La réplica sin derecho
La respuesta del gobierno del estado y municipio de Querétaro no se hizo esperar. Las sacrosantas calles e instalaciones institucionales habían sido intervenidas por mujeres, por mujeres feministas. Así, frente a la avanzada de la organización social feminista en la entidad, que ha seguido la ola expansiva del feminismo nacional, la criminalización de la protesta se ejecutó con toda la diligencia gubernamental posible.
La criminalización de la protesta puede entenderse como un «proceso consistente en el uso de la represión física y de mecanismos legales y judiciales (judicialización), contra los movimientos sociales como una forma de control». Sin embargo, la criminalización de la protesta se sirve no solo de los aparatos del estado, sino también de los no estatales como los medios de comunicación.
En palabras del profesor Alejandro Karín Pedraza, la opinión pública juega un papel trascendente y relevante para criminalizar a los movimientos sociales. Su principal objetivo es suprimir estos movimientos, instalar el miedo a tomar parte de una actividad legítima como lo es la protesta. Incluso, este derecho está fuertemente «asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos, incluyendo demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho».
Julia sabe muy bien qué es la criminalización de la protesta porque la vivió en carne propia. Pero su historia no comienza con las detenciones que en junio de este año realizó la fiscalía a diversas mujeres por su participación en la protesta del 8 de marzo de 2021. Inició una carpeta en el 2019 por violación. Esa carpeta se cerró y nunca le explicaron el porqué. «Pienso que compraron el caso, ya que yo tenía muchas pruebas; tenía audios de la persona que me agredió pidiéndome disculpas por haberme dañado la vida. Eran tres audios y yo los entregué a fiscalía; aún así, hicieron caso omiso de todo y del estado emocional en el cual yo me encontraba».
Como muchas mujeres que todos los días acuden a este sitio, en especial a la unidad IV «especializada en la investigación de delitos sexuales, violencia familiar y en agravio del menor» Julia vivió revictimización y violencia institucional. Cuando denunció la violación, la psicóloga de la fiscalía nunca le dijo que era importante tener el dictamen psicológico lo más pronto posible. Insistiendo que, si no se encontraba bien, podrían dejarlo para otro día. Julia se encontraba destrozada y no quería repetir, una vez más, la narración de los hechos. Bajó del segundo al primer piso y le dijo a la fiscal que aún no tenía la entrevista con la psicóloga, lo que desencadenó una reacción inesperada. Esta le gritó delante de las personas presentes. «¡No puede ser posible que dejes pasar esto, ya se te había dicho que es muy importante!». Así que Julia decidió regresar con la psicóloga para decirle que ya se sentía lista para rendir la entrevista.
La psicóloga entrevistó a Julia malencarada. Su dictamen distó de ser uno profesional ya que incluyó todo lo contrario a su estado de ánimo real en ese momento. Julia lloraba, presentaba ansiedad, sus manos sudaban y su cuerpo temblaba. Julia estaba muy mal, se identificaba con muchas cosas de todos los test que le ponían porque, en ese momento, verdaderamente se quería morir. Las conclusiones del dictamen se convirtieron en las razones fundamentales para la autorización del «no ejercicio de la acción penal», es decir, dar por terminada la investigación de su caso. En el dictamen se argüía que Julia se encontraba muy tranquila y serena, no presentaba estados de ánimos propios de una víctima de violación.
Uno de los efectos de la agresión sexual que sufrió Julia fue abandonar la universidad donde estudiaba criminología ya que, cada día se volvía más difícil llevar materias como victimología. Además, tuvo múltiples intentos de suicidio. Uno le llevó a quedar hospitalizada tres días en marzo del 2020.
Julia pensó que su historia con la fiscalía ya había acabado, pero el día 15 de junio del 2021 llegaron dos mujeres a su domicilio; una de ellas se presentó como la fiscal Abigail Guadalupe Ruíz. Le interrogó: «¿tienes una carpeta de investigación por el delito de violación?» y Julia respondió que sí. La segunda mujer comentó que existían muchas inconsistencias en el proceso y que estaría bien que Julia diera una ampliación a su declaración, además, mencionó la posibilidad de una indemnización por cinco mil pesos.
Cuando Julia escuchó esto comenzó a llorar; llevaba mucho tiempo a la espera de que se hiciera justicia para su caso. Una de las mujeres le preguntó si las podía acompañar en ese momento a Fiscalía. Eran entre la una y dos de la tarde. Julia les explicó que entraba a trabajar a las tres. No te preocupes, trae tus cosas y nosotras, después que des tu declaración, te llevamos a tu trabajo, le respondieron.
Abigail le preguntó a Julia en dónde trabaja. «En Santander, en el Contact center», respondió. En tono de preocupación le preguntó si ya había comido. «No, la verdad no he comido». «No te preocupes, podemos esperar a que comas». «No, no hay problema; entre más rápido, mejor», sentenció Julia.
Calvario para dos
Subió a un auto particular. No era un vehículo de alguna instancia pública. Les preguntó dónde iba a ser la declaración, pues ella creía que sería en la Fiscalía Unidad IV, donde había interpuesto la denuncia. Abigail se apresuró a decir que no; la llevaban a la Fiscalía General que se encuentra por la terminal de autobuses. A Julia no se le hizo raro. Le avisó a su novio por mensaje. Llegando al lugar, se disponía a bajar del vehículo y Abigail se lo impidió, le dijo: «Guarda tu celular». Ella lo guardó al instante. Acto seguido, le puso unas hojas en las piernas, pero sin darle la oportunidad de leerlas y expelió: «Julia estás detenida».
Julia interrogó a la supuesta fiscal: «¿Cómo? ¿Y mi carpeta qué tiene que ver?». «No pues, no tiene nada que ver. Es que si no, no ibas a venir», le respondió. «Estás violando mis derechos». «Es que tenía que traerte, Julia».
Julia fue esposada y llevada al interior de la Fiscalía. Ahí se dio cuenta que no era la única, había otra chica, Claudia, que llegó con un vestido rojo y tacones negros. Ambas se quedaron viendo como tratando de leer el miedo y la incertidumbre en los ojos de la otra.
A Claudia le dio una grave crisis emocional. Más tarde ese día, al compartir celda Julia se enteró que la crisis fue causada por el trastorno límite de la personalidad que padece. Una policía tomó a Claudia del cabello con mucha brusquedad y se la llevó al piso inferior del que se encontraban. Abigail amenazó a Julia: «si no te tranquilizas te va a pasar lo mismo que a Claudia». Después de un rato también bajaron a Julia, le pidieron que se desvistiera totalmente y que hiciera tres sentadillas. Durante todo el tiempo que Julia estuvo ahí solicitó una llamada para avisar a su familia que había sido detenida y no le permitieron realizarla. Ambas fueron conducidas al Cereso Femenil ubicado en San José el Alto. Tanto Julia como Claudia fueron aprehendidas con engaños. A Claudia le pusieron un cuatro. Llegaron dos mujeres a detenerla. La esposaron frente a su mamá e hijo de cinco años. El niño ha quedado con secuelas, tiene mucho miedo de que se lleven nuevamente a su mamá.
A la mamá de Claudia las agentes le comentaron que se iban a llevar a su hija pero que la iban a regresar a su casa esa misma tarde. Claudia mencionó esto a la policía del reclusorio a lo que esta respondió: «No, ¿por qué crees que te estoy dando la cobija? Vas a pasar la noche aquí. Mañana es tu audiencia».
Rapidito y de buen modo
En efecto, la audiencia tuvo lugar en los tribunales penales del estado de Querétaro el día 16 de junio. ¿De qué se les acusa? Daños dolosos a la maqueta ubicada en la Alameda central de Querétaro. ¿A partir de qué datos de pruebas se les relaciona como presuntas responsables? Fotos y reacciones en Facebook.
«¿Eres feminista?», Le pregunté a Julia. «Sí», me dijo. «¿Fuiste al 8m 2021 en Querétaro?». «No». Lo que sí hizo Julia fue colocar una foto publicada por el diario Alerta de Querétaro, tomada durante la marcha del 8m 2021, como foto de portada de la red social Facebook. En esa foto se percibe una mujer vestida de negro, con capucha, de pie sobre la maqueta de la alameda central. La foto de perfil de Julia es ella durante la marcha del 8m 2020.
La fiscal dijo en la audiencia que detectaron la actividad de Julia en Facebook. Reaccionaba al contenido de una menor de edad, que supuestamente tiene de amiga y que estaba en la marcha del 8m 2021. Así vincularon su perfil. Solamente por reacciones a fotos.
La fiscal mencionó en la audiencia que encontró el perfil de Julia, pero no hallaron en él información, porque inclusive aparece con otro nombre. Así que buscaron en los comentarios de sus fotos algún dato y se percataron que una persona se dirigía a ella de una manera muy cariñosa o afectuosa. Ingresaron a ese perfil. Es el de la mamá de Julia. En su muro hallaron una foto publicada de la Fiscalía Unidad IV, de fecha 5 de noviembre del 2019, día en que acompañó a su hija a denunciar la violación. Confirman en su base de datos que la mamá de Julia estuvo ese día en fiscalía por una denuncia interpuesta en esa fecha. En otras palabras, el domicilio de Julia fue extraído de la carpeta de investigación que inició para denunciar violación.
En la audiencia la fiscalía inventó muchos datos. Además, presentó un atropellado control de detención; no tenían registro exacto de las horas en que aprehendieron a Julia y Claudia. Lo cual es violatorio de los derechos humanos. El asesor jurídico público solicitó en la audiencia a fiscalía precisión y objetividad respecto de los datos. El juzgador requirió que se precisen las horas. La fiscalía señala que no tenían horas, por lo que se determinó que era poco proporcional y había falta de objetividad en la solicitud de prisión preventiva oficiosa.
En la audiencia de vinculación a proceso el asesor jurídico de Julia y de Claudia solicitó libertad condicional. Ambas se encuentran vinculadas al proceso por el delito de daños dolosos. Pero recientemente les informaron que también están siendo investigadas como responsables de daños dolosos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación y persecución del Delito de Feminicidio. Las dejaron salir después de la audiencia, la cual fue a las 12:30 p.m. y duró entre hora y media y dos horas. No dejaron ingresar a ninguno de los familiares a la audiencia de las jóvenes detenidas. Entre las cuatro y cinco de la tarde del 16 de junio salieron del penal de San José el Alto.
La protesta social es un derecho
El viernes 27 de agosto del 2020 se realizó un conversatorio vía virtual «El significado de la protesta feminista en nuestros contextos», mismo que fue organizado por colectivas feministas y activistas de la ciudad de Querétaro. Una de las ponentes, Diana Chávez, expuso que la criminalización de la protesta no ha sido exclusivamente con los procesos penales iniciados contra las mujeres que hoy suman ocho, sino que además se han realizado actos de intimidación directos para con las compañeras.
Ivonne Roa, abogada defensora de derechos humanos y miembro de CLEIDH, A. C., también ponente, aseveró que la protesta social es un derecho humano respaldado por diversos tratados internacionales. Asimismo, expresó que es un derecho humano que engloba otros derechos como la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión. Otro de los puntos interesantes que resaltó fue los criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se instituye el deber de respetar el derecho a la protesta social siempre y cuando no atente contra el derecho a la vida, el derecho a la libertad o la seguridad de una persona.
«En el caso concreto, la persecución que está haciendo el gobierno del estado es debido a que se vulneró un bien jurídico que se denomina bienes del estado, que no tiene nada que ver con la vida, con la seguridad ni la libertad de una persona. Entonces, realmente sí está acreditado, desde la parte del derecho, que se está reprimiendo y criminalizando a las compañeras y no tiene ninguna legitimación legal para hacer eso», sostuvo.
En múltiples ocasiones, desde mi experiencia como abogada, me he topado con la no admisibilidad de capturas de pantalla de redes sociales o de mensajes de texto como prueba para los casos de violencia de género, violación, feminicidio o amenazas. He presenciado como casos de abuso sexual infantil llevan más de tres años y siguen sin fincarse responsabilidades.
En un estado como Querétaro, el primero a nivel nacional con mayor tasa de mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas y segundo lugar en abuso sexual infantil, las razones para protestar sobran.
