El pasado 25 de enero de 2024 México se encontró bajo la revisión de sus avances, retrocesos y retos en materia de derechos humanos. Ello, en el marco del Examen Periódico Universal, EPU, en el que el estado mexicano recibió por cuarta ocasión la evaluación de sus pares, de organizaciones de la sociedad civil y de uno de los más importantes organismos de derecho internacional de los derechos humanos: la ONU.
Lo anterior en el desarrollo de la 45 período de sesiones del EPU, que tiene lugar desde el 22 de enero al 2 de febrero del presente, en Ginebra, Suiza, en el que análogamente China, Malasia, Nigeria y Arabia Saudita y 9 países más serán examinados.
¿Qué es y para qué sirve el Examen Periódico Universal?
De acuerdo con el profesor y especialista Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Rodrigo Chávez Fierro, el EPU “es un procedimiento establecido en 2006 al interior del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene por objeto realizar una revisión periódica sobre la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU, con independencia de los tratados internacionales que cada Estado haya ratificado.
El Consejo de Derechos Humanos, se encuentra integrado por 47 estados, que cada cuatro años, de forma escalonada, son sujetos de análisis por el Consejo con el objeto de mejorar la situación de los derechos humanos en cada uno de ellos”.
Para Chávez Fierro, quien también funge como coordinador del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos en Querétaro, este proceso evaluativo comienza con la presentación del informe nacional de cada estado, México presentó su informe durante el mes de agosto del año previo; mismo que es complementado por el Alto Comisionado mediante otros dos informes: uno donde sintetiza las recomendaciones de los procedimientos especiales (relatores, grupos de trabajo), órganos de los tratados de derechos humanos y otras entidades de Naciones Unidas; un segundo informe donde resume la información presentada por la institución nacional de derechos humanos del país correspondiente, en el caso de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y, uno último, por las organizaciones no gubernamentales con presencia en el mismo.
En palabras de este especialista la importancia de este mecanismo para la situación de los derechos humanos a nivel mundial recae en que “se trata de un procedimiento donde todos los Estados de Naciones Unidas son evaluados. Asimismo, se realiza de forma periódica, lo que permite un monitoreo constante sobre la situación de los derechos humanos en los países. Y, por último, los informes y el diálogo de los Estados son públicos, lo que permite un seguimiento por parte de la sociedad civil sobre este procedimiento de evaluación”.
Querétaro en el EPU
El Colectivo EPUMx es una coalición de 300 organizaciones mexicanas, que presentó un informé conjunto sobre la situación de los derechos humanos en el país, así como 18 informes temáticos, entre los cuales se encuentran los temas vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el agua, saneamiento y medio ambiente sano.
Para este colectivo “el EPU es una oportunidad para visibilizar las problemáticas estructurales y de diseño de políticas que enfrenta México en materia de derechos humanos, y en consecuencia se realicen recomendaciones por parte de la comunidad internacional encaminadas a garantizar la protección y restitución de derechos. Además de llamar al estado mexicano a que cumpla con las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados y procedimientos especiales y miembros de las Naciones Unidas”.
Bajo Tierra Museo del Agua, BTMA, organización social con sede en la ciudad de Querétaro, se integró como parte de este colectivo, viajó a Ginebra para participar de este ejercicio como miembro de la delegación de organizaciones presentes, e hizo parte de los informes de sociedad civil, específicamente, los relativos a impacto de las empresas en derechos humanos, visibilizando los impactos de mega-proyectos y proyectos económicos en el territorio; el relativo a la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
Adicionalmente presentó la situación de los derechos humanos vinculados a la naturaleza en una sesión en el Palacio de Naciones Unidas, el 24 de enero. Durante esta presentación pudieron compartir el resultado de la investigación y registro documental: “Luchas medioambientales en Querétaro: entre la represión y la resistencia”, infografía realizada por BTMA, Front Line Defenders y Proyecto Saltapatrás en el que se encontró al menos ocho eventos de represión en Querétaro en el periodo comprendido desde marzo de 2021 hasta diciembre 2023, contra personas comprometidas en la defensa de los recursos naturales, ya sea el agua, los bosques o la tierra.
Claudia Elvira Romero, especialista en derechos humanos, integrante de BTMA y responsable de la Coordinación de Vinculación de Incidencia, señaló que, en conjunto con la Subcoordinación de Incidencia Internacional, a cargo de Regina Monroy, prepararon durante todo 2023 la participación de BTMA en el EPU, ya que este mecanismo tiene diferentes momentos, en los que se desarrollan distintos procedimientos con los diversos actores vinculados.
Explicó que el principal objetivo de BTMA es “seguir visibilizando la crisis de derechos humanos, la realidad local y conectar con los actores internacionales de derechos humanos”.
México tras el examen, un balance
La pasada evaluación realizada a México en el EPU 2020, la incidencia e impacto de lo analizado generó la aceptación del estado de la “ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales.
Asimismo, se hizo la recomendación de crear una fiscalía nacional autónoma, responsable y totalmente independiente, con capacidad técnica para realizar investigaciones transparentes. De igual forma, aunque el avance ha sido en la esfera jurisdiccional, se hizo la recomendación a México de armonizar la legislación federal y de los estados para despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto legal y sin riesgo al menos en los casos de violación, incesto o peligro para la vida o la salud”, detalló Chávez Fierro.
En esta ocasión el examen a México tuvo lugar el 25 de enero, en el que, a decir de la especialista Claudia Romero, “una gran parte de las recomendaciones realizadas al estado se encausaron a la situación y protección de las personas defensoras de derechos humanos. Y cabe destacar que, dentro de las personas defensoras, el grupo de defensoras del territorio es uno de los más vulnerados”.
