Fotografía: Cortesía / Planned Parenthood Global
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió tres decisiones que condenan a los Estados de Ecuador y Nicaragua por la vulneración de derechos de Norma, Lucía y Susana, tres niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron obligadas a continuar con embarazos producto de violaciones.
Estas resoluciones obligan a los Estados a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y a implementar medidas para prevenir situaciones similares en el futuro.
Las decisiones fueron resultado de un litigio internacional iniciado en 2019 por el Movimiento Son Niñas, No Madres, conformado por organizaciones de varios países. Estas organizaciones buscaron visibilizar las consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en niñas de América Latina, además de exigir protección a sus derechos.
El Comité determinó que Ecuador y Nicaragua vulneraron derechos fundamentales de las tres niñas, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física y mental, al acceso a la justicia y a la igualdad. También señaló que la denegación de servicios de salud reproductiva refuerza estereotipos de género y constituye una forma de discriminación.
Entre las medidas obligatorias que deberán implementar Ecuador y Nicaragua están la modificación de leyes para garantizar el acceso seguro, legal y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, se exige la eliminación de barreras de acceso a este servicio, en especial en casos de violencia sexual o cuando existan riesgos para la vida o la salud de la persona gestante.
El Comité también solicitó a los Estados condenados la implementación de medidas de reparación para las sobrevivientes. Estas incluyen indemnización, apoyo para retomar sus estudios, acceso a acompañamiento psicológico y mecanismos que permitan a las afectadas reconstruir sus proyectos de vida.
A nivel estructural, las resoluciones del Comité establecen la necesidad de emprender acciones educativas y de sensibilización para prevenir la violencia sexual, capacitar a profesionales de la salud y operadores de justicia en atención integral a víctimas y garantizar procesos judiciales efectivos.
El Movimiento Son Niñas, No Madres destacó que América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cinco de cada 100 niñas en la región fueron madres en 2021, y al menos 20% de estos embarazos fueron resultado de violencia sexual.
Norma, Lucía y Susana presentaron sus casos como evidencia de un problema estructural en la región. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 80% de las violaciones en América Latina y el Caribe tienen como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años. Estas cifras se agravan al considerar que la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes en las Américas.
El Comité recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar que las niñas puedan decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida, sin estar condicionadas por legislaciones restrictivas. Las resoluciones también enfatizan la responsabilidad de los gobiernos en ofrecer datos verificables sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas y establecer hojas de ruta para implementar cambios legales y sociales.
Organizaciones internacionales, como Surkuna en Ecuador, Mujeres Transformando el Mundo en Guatemala y Promsex en Perú, respaldaron la decisión del Comité. Estas entidades han trabajado en la documentación de casos y en la promoción de estrategias legales para proteger los derechos de las niñas.
En el caso de Nicaragua, el movimiento hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir al gobierno el cumplimiento de las resoluciones y fortalecer mecanismos de monitoreo sobre la situación de niñas en el país. Las decisiones del Comité establecen un precedente que podría influir en más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ampliando el alcance de las medidas a nivel global.
