Foto: David Álvarez
La Ley Kuri, recientemente presentada en Querétaro, ha generado controversia y preocupación. El Comité Transbimarikalencha señaló que esta ley, lejos de proteger a las infancias como se plantea, representa un retroceso en la lucha por los derechos humanos y refuerza prácticas punitivas que no abordan los problemas reales.
El Comité Transbimarikalencha ha señalado que, en lugar de abordar de manera directa los problemas reales que afectan a las infancias en Querétaro, como la violencia familiar y el abuso sexual en el entorno doméstico, la ley desvía la atención hacia una amenaza en las redes sociales.
Según el Comité, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no ocurren en internet, sino en los hogares de las víctimas o en su entorno cercano. Esto plantea una preocupación central: la ley no aborda de forma efectiva las causas subyacentes del abuso, sino que se enfoca en un peligro que no es tan significativo en comparación con los riesgos presentes en el entorno físico de los niños.
Además, el Comité ha expresado su preocupación por el enfoque punitivo de la ley, que consideran que penaliza a las familias y, especialmente, a las madres solteras que, en muchos casos, enfrentan desafíos importantes para proteger a sus hijos debido a factores como la pobreza, la falta de recursos o la violencia familiar.
La ley, según este sector, no propone soluciones concretas para mejorar las condiciones de vida de las familias, sino que impone nuevas cargas y responsabilidades sin un plan claro de apoyo y acompañamiento.
La crítica también apunta al hecho de que la ley no toma en cuenta la realidad de muchas familias en Querétaro, especialmente aquellas que viven en condiciones de marginación, pobreza o violencia.
En lugar de implementar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud, educación y seguridad para prevenir la violencia y el abuso, la ley opta por un enfoque que, según los críticos, no tiene en cuenta los problemas estructurales que enfrentan las comunidades más vulnerables.
Asimismo, señalaron que Josefina Vázquez Mota, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), generó controversia al vincular el poliamor con el abuso infantil durante una intervención pública. En su declaración, afirmó que las personas que practican el poliamor pueden representar una amenaza para las infancias, comparándolos con abusadores sexuales de menores.
El Comité Transbimarikalencha rechazó tajantemente estas declaraciones, considerando que son parte de una estrategia para criminalizar las identidades sexuales no convencionales. Según el Comité, este tipo de comentarios fomentan la asociación errónea de las personas LGBTQ+ con conductas delictivas, una narrativa utilizada en diversos contextos para justificar políticas represivas hacia las minorías sexuales.
